Un reciente informe de la Contraloría General reveló 11 hallazgos fiscales en la gestión del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), que comprometen recursos por más de $2.308 millones. Según el organismo de control, las irregularidades están relacionadas con contratos mal ejecutados, pagos sin el debido respaldo y fallos en los procesos de supervisión. Aunque no se han señalado responsables individuales por ahora, se iniciaron investigaciones disciplinarias y fiscales para determinar posibles actos de negligencia o corrupción.
El Sena, una de las entidades clave en la formación técnica y laboral del país, enfrenta ahora un fuerte cuestionamiento sobre el manejo de sus recursos. Voceros del organismo aseguraron que están dispuestos a colaborar plenamente con la Contraloría y que ya se iniciaron acciones para corregir los procedimientos señalados. Sin embargo, el informe ha generado preocupación en el Congreso y entre sindicatos del sector educativo, quienes piden mayor transparencia y vigilancia para evitar que estas fallas comprometan la calidad de los programas de formación.
