Sandra Varón destapa posibles irregularidades en contratos y préstamos del instituto.
La Contraloría Municipal de Ibagué encendió las alarmas al ordenar una investigación preliminar contra Infibagué por presuntas irregularidades administrativas y fiscales. La decisión se da tras un debate de control político en el Concejo liderado por la cabildante Sandra Varón, quien puso en evidencia una serie de anomalías en la contratación directa y en el manejo financiero de la entidad.
Según la concejal, en la sesión del 25 de julio se compulsaron copias a los entes de control debido a los hallazgos preocupantes. “La corrupción no le va a ganar a Ibagué”, expresó Varón, al detallar que se identificaron contratos directos por más de 8 mil millones de pesos, además de préstamos internos que, presuntamente, no están generando beneficios para la entidad.
De acuerdo con el Auto de Apertura 001 del 21 de agosto de 2025, la Contraloría abrió indagaciones para establecer si los contratos y proyectos de Infibagué cumplieron los requisitos legales y si hubo vulneración a los principios de contratación pública. La investigación busca también esclarecer el manejo de los recursos y los préstamos otorgados a empresas municipales como el IBAL e Ibagué Limpia.
Varón denunció que dichos préstamos no producen ganancias, lo que estaría afectando las finanzas del instituto. Al mismo tiempo, cuestionó que sí existan pagos puntuales de intereses hacia bancos privados como Bancolombia y el Banco Popular, mientras las entidades municipales no responden con la misma rigurosidad.
Otro de los cuestionamientos se centra en la contratación de personal en áreas culturales, especialmente en el Panóptico. Según Varón, la planta de siete funcionarios cuesta más de 500 millones de pesos anuales sin prestaciones, lo que genera dudas sobre el origen de los recursos para cubrir esos pagos.
La concejal aseguró que seguirá insistiendo en la vigilancia estricta de Infibagué. “Gracias a las denuncias ciudadanas hemos hecho trazabilidad y obtenido resultados, lo que buscamos es que los ibaguereños recuperen la confianza en los entes de control”, sostuvo.
La Contraloría tendrá un plazo máximo de seis meses para emitir un pronunciamiento definitivo dentro de la auditoría especial anunciada.