La controversia por el bombardeo en Guaviare, en el que murieron siete menores de edad, aumentó tras las versiones contradictorias entregadas por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.
Mientras el ministro aseguró que sí existía información previa sobre la presencia de adolescentes en el campamento de la estructura armada y que, aun así, la operación fue “necesaria”, “proporcionada” y ejecutada para proteger a 20 militares que estaban en riesgo, el presidente Petro manifestó lo contrario. Según el mandatario, no había indicios suficientes de que hubiera menores en el objetivo bombardeado.
Estas discrepancias alimentaron el debate sobre la legalidad, legitimidad y proporcionalidad del operativo militar, además de abrir cuestionamientos sobre la coordinación interna del Gobierno en decisiones sensibles de orden público.
El incidente sigue generando reacciones políticas, llamados a investigaciones independientes y fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos.
