La Caja de Compensación Familiar del Huila continuará bajo intervención de la Superintendencia de Subsidio Familiar, en cabeza de Sandra Viviana Cadena, a pesar de los avances financieros obtenidos en los últimos tres años. La Resolución 0790 de 2025 ordena ampliar por diez meses la medida administrativa con el fin de garantizar la sostenibilidad operativa y proteger los proyectos en marcha.
Recuperación
Desde que se implementó el plan de salvamento en 2022, la entidad pasó de registrar un patrimonio negativo de $23.200 millones a alcanzar $427.985 millones en 2025, un crecimiento superior al 12.200 %. Este resultado refleja un proceso de estabilización que evitó la quiebra institucional. Sin embargo, persisten riesgos asociados a embargos, demandas laborales y obligaciones pendientes que podrían afectar la disponibilidad de recursos.
Riesgos
La liquidación de la antigua EPS de la Caja dejó 149 procesos judiciales vigentes, de los cuales 11 se consideran de alto riesgo. En marzo de 2025, uno de estos casos derivó en un embargo por $384 millones. Además, existen deudas laborales por $2.300 millones, reclamaciones de proveedores médicos por $5.800 millones y litigios por prestaciones sociales que comprometen $1.900 millones. Estas contingencias mantienen amenazada la estabilidad patrimonial.
Medidas
La Superintendencia insiste en continuar las gestiones jurídicas para levantar medidas cautelares y asegurar la culminación de proyectos habitacionales y de infraestructura en Neiva, Pitalito, Garzón y Gigante. También busca renegociar pactos colectivos y convenciones laborales que actualmente representan un gasto anual de $4.640 millones, el 6,4 % del presupuesto administrativo.
Futuro
La intervención se extenderá hasta mayo de 2026, con el objetivo de blindar el patrimonio y garantizar la ejecución completa del plan de salvamento. Una vez mitigados los riesgos legales y financieros, se espera devolver la administración a sus afiliados, consolidando la recuperación de Comfamiliar Huila.
