El peaje de Puente Amarillo, ubicado en el departamento del Meta, ha sido objeto de controversia durante más de una década. A pesar de que su existencia estaba ligada a un contrato de concesión firmado en 1994, su permanencia en el tiempo ha generado cuestionamientos debido a la falta de legalidad en su cobro y el impacto económico que representa para los habitantes de la región.
Concesión
Según el contrato de concesión 446, la instalación de este peaje estaba asociada a la construcción de un puente sobre el río Guatiquía, con una vigencia de 20 años. Sin embargo, a pesar de que dicho plazo se cumplió, la caseta de cobro nunca fue retirada. En 2013, como resultado de la presión ciudadana, se logró la eliminación del Pontazgo de Vanguardia, otro punto de cobro que operaba en la zona. No obstante, el peaje de Puente Amarillo continuó operando, lo que ha generado descontento entre la comunidad.
Desde entonces, la población ha denunciado que este cobro es ilegal, ya que el pago de la infraestructura debía haberse completado dentro del período estipulado en el contrato original. A pesar de múltiples solicitudes para su eliminación, el peaje sigue en funcionamiento, sin que se hayan presentado estudios técnicos o socioeconómicos que justifiquen su permanencia o su traslado a una nueva ubicación.
Transparencia
El Comité No Más Peaje Puente Amarillo ha liderado la exigencia de transparencia en el proceso, asegurando que la concesionaria y las autoridades han dilatado la entrega de información clave por más de ocho años. Incluso, documentos oficiales del Ministerio de Transporte han señalado que el peaje no fue contemplado en el nuevo proyecto vial de Villavicencio, lo que refuerza las dudas sobre su continuidad.
El impacto económico de este cobro afecta principalmente a los municipios de Restrepo y Cumaral, cuyos ingresos dependen en gran medida del comercio, el transporte y el turismo. En el caso de Restrepo, la producción anual alcanza los 311 mil millones de pesos, de los cuales el 68% proviene de actividades terciarias. Cumaral, por su parte, registra una producción de 568 mil millones de pesos, con un 42% proveniente del sector terciario y un 41% del primario.
La dependencia económica de estos municipios respecto al gobierno nacional es alta, lo que hace que cualquier afectación adicional, como el cobro del peaje, represente un obstáculo significativo para su desarrollo. Líderes comunitarios han advertido que esta situación podría perjudicar el transporte local, el acceso a la educación y la salud, así como la movilidad de los estudiantes becados que deben desplazarse diariamente a Villavicencio.
