1. Inconstitucionalidad por el uso instrumental del mecanismo
La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana previsto en la Constitución para que el pueblo decida sobre temas de trascendencia nacional. Sin embargo, su uso debe obedecer a un objetivo claro y respetar los límites institucionales. Que en las propuesta no existan indicios de que se busca emplear la consulta como una herramienta para presionar a otros poderes del Estado —como el Congreso o la Corte Constitucional— lo cual sería una distorsión del mecanismo y podría considerarse inconstitucional.
2. Ambigüedad en el contenido y formulación de la pregunta
Uno de los requisitos esenciales para la viabilidad de una consulta popular es la claridad y concreción de la pregunta que se somete a votación. En este caso, los anuncios realizados por el presidente no han detallado con precisión el contenido de la consulta, lo cual impide que se evalúe su pertinencia y legalidad. Una pregunta vaga, ambigua o múltiple podría ser declarada improcedente por la Corte Constitucional, como ya ha ocurrido en otros intentos fallidos de consulta en el país.
3. Costos económicos y viabilidad administrativa
La realización de una consulta popular nacional implica altos costos logísticos y financieros que deben ser asumidos por el Estado. En el contexto actual, con restricciones fiscales y prioridades sociales más urgentes, como la crisis en salud, educación y seguridad, destinar recursos a una consulta de dudosa legalidad y poca claridad podría ser considerado un uso irresponsable del erario. Además, la organización de un proceso electoral adicional en medio de un calendario ya saturado compromete la capacidad operativa de la Registraduría Nacional.
4. Falta de respaldo político y social amplio
Para que una consulta tenga efectos vinculantes, requiere una participación significativa de la ciudadanía, además de un respaldo político amplio. No enfrentar resistencia no solo en sectores opositores, y mucho menos dentro de partidos afines. La falta de consenso sobre el contenido y propósito de la consulta debilita su legitimidad y amenaza con convertirla en un ejercicio polarizante más que en una herramienta de unidad nacional.
5. Riesgo de confrontación institucional y desgaste democrático
Impulsar una consulta popular con fines políticos podría intensificar la confrontación entre el Ejecutivo y los demás poderes públicos, afectando la estabilidad institucional. En lugar de fortalecer la democracia, una consulta sin condiciones adecuadas podría erosionar la confianza en las instituciones y generar un precedente negativo para el uso de mecanismo