Reyes y Tocora piden intervención de la Procuraduría ante el acto de la Espriella.
La presencia del candidato presidencial Abelardo de la Espriella en la emblemática Sala Alberto Castilla, del Conservatorio del Tolima, encendió la polémica en Ibagué. Lo que parecía una actividad más dentro de su agenda política en la ciudad terminó convirtiéndose en un debate público sobre la utilización de escenarios estatales para actos relacionados con campañas electorales. La controversia creció aún más por la compañía del rector de la institución durante el evento.
El acto se desarrolló en medio de una jornada política que el aspirante adelantaba en distintos puntos de la capital tolimense. Aunque parte de su agenda incluyó encuentros en espacios abiertos, su aparición en uno de los recintos culturales más representativos del departamento fue interpretada por varios sectores como una posible extralimitación. Para algunos líderes políticos, el uso de un escenario público para actividades asociadas a una candidatura genera dudas sobre la neutralidad institucional.
Los diputados del Tolima Carlos Reyes y Jaime Tocora alzaron la voz y solicitaron la intervención de los entes de control. En declaraciones entregadas a un medio local, manifestaron que este tipo de situaciones no pueden pasar inadvertidas, especialmente cuando se trata de bienes del Estado. Tocora afirmó que estos episodios “son un secreto a voces” y advirtió que, si no se toman medidas, podrían repetirse en plena temporada preelectoral.
Por su parte, Reyes recordó que la normativa vigente establece límites claros frente a la participación de servidores públicos en actividades proselitistas. Según explicó, los funcionarios pueden tener posturas ideológicas, pero no deben mezclar sus responsabilidades oficiales con actos que favorezcan campañas. A su juicio, la presencia del rector junto al candidato en un escenario público podría derivar en una eventual investigación disciplinaria.
El debate no tardó en trasladarse a la opinión pública, donde ciudadanos cuestionaron si existió o no un uso indebido de recursos oficiales. La discusión revive la tensión entre cultura y política, especialmente cuando se trata de espacios financiados con recursos públicos. Ahora, la pelota queda en el campo de la Procuraduría, que deberá determinar si hubo falta disciplinaria o si el acto se ajustó a la ley.
