El sábado 30 de agosto de 2025, en la zona rural de la vereda San Juan, municipio de La Unión (subregión Oriental de Antioquia, a unos 57 km de Medellín), fueron hallados los cuerpos sin vida de cuatro personas—tres hombres y un menor de edad de 17 años—con múltiples disparos de arma de fuego. Inicialmente se habló de tres hombres y una mujer, aunque se corrigió después que todas las víctimas eran hombres, entre ellos un menor de edad.
Medicina Legal confirmó la identificación: Jaiener David Ortega Jiménez, con antecedentes por violencia intrafamiliar; Isaac Pemberthy Gómez, vinculado a lesiones personales, homicidio, secuestro simple y estupefacientes; Kevin Andrés Villa Calderón, investigado por delitos que incluyen hurto, homicidio y porte de armas; y un joven de 17 años, Ronal Andrés Hernández Guzmán.
Las autoridades investigan una posible relación con disputas territoriales entre el Clan del Golfo y la estructura criminal El Mesa, que operan en Bello y zonas cercanas.
En respuesta a este crimen, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de La Unión convocaron un Consejo de Seguridad el lunes 1 de septiembre, en el que participaron representantes del Ejército, la Policía Nacional, la Fiscalía General y la Personería municipal.
Se definieron varias medidas:
- Despliegue de equipos especializados de Policía Judicial e inteligencia en el territorio.
- El Ejército Nacional reforzará su presencia con capacidades especiales en puntos estratégicos.
- La Fiscalía avanza en la investigación no sólo del caso reciente, sino otros hechos delictivos en la zona.
- La Gobernación implementará intervenciones integrales: estrategias como Frentes de Seguridad comunitaria no armados, Finca Más Segura, Entornos Educativos Seguros y mayor instalación de cámaras de vigilancia, para compensar el limitado pie de fuerza en la zona.
- Se ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables.
- Además, se programó un nuevo Consejo de Seguridad con alcaldes de municipios vecinos (zona de páramos y Valle de San Nicolás), para coordinar acciones regionales conjuntas.
Este episodio refleja la urgencia de restablecer la seguridad y presencia estatal en zonas rurales donde el control criminal ha crecido en los últimos años. El despliegue de entes judiciales y estrategias comunitarias busca recuperar la confianza ciudadana y garantizar la convivencia pacífica.
