La Procuraduría confirmó la suspensión e inhabilidad del exalcalde por intervenir en política
Confirman medida
El 21 de noviembre quedó ratificada en segunda instancia la suspensión e inhabilidad especial por seis meses contra Daniel Quintero Calle por participación indebida en política mientras ejercía como alcalde de Medellín. La Procuraduría General concluyó que el exmandatario incurrió en una conducta que contradecía la prohibición constitucional de intervenir en favor de una candidatura durante la contienda presidencial de 2022.
La decisión confirmó lo establecido en la primera instancia, cuando la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular determinó que Quintero había utilizado “expresiones veladas” que favorecían al Pacto Histórico, en un contexto donde debía garantizar neutralidad institucional. El video en el que pronunciaba la frase “el cambio en primera” fue considerado por el ente de control como un mensaje implícito de apoyo electoral que no podía provenir de un funcionario en ejercicio.
La Procuraduría sostuvo que el exalcalde actuó con conocimiento del carácter prohibido de su mensaje, lo que configuró una conducta dolosa. También explicó que estos hechos afectaron la confianza pública y vulneraron la obligación legal de mantener la imparcialidad administrativa en un proceso electoral.
Revisión judicial
Con la ratificación de la sanción, la Procuraduría ordenó remitir el expediente disciplinario a la Sala Especial de Revisión del Consejo de Estado, entidad encargada de revisar automáticamente este tipo de decisiones cuando recaen sobre funcionarios elegidos por voto popular.
El documento dispuso que la ejecución del castigo quedaba suspendida hasta que la jurisdicción contenciosa administrativa se pronunciara sobre la revisión judicial. Esto significa que la inhabilidad y la suspensión no podían aplicarse de manera inmediata, pues el alto tribunal debe definir primero si la medida se ajusta a derecho o si debe ser anulada.
Quintero anunció que agotaría todos los recursos disponibles y cuestionó la proporcionalidad de la amonestación, al tiempo que comparó su situación con la de otros líderes políticos que —según afirmó— han tenido comportamientos más directos en escenarios electorales sin recibir sanciones similares. Sin embargo, la Procuraduría reiteró que el entonces alcalde tenía la obligación constitucional de abstenerse de cualquier gesto que pudiera interpretarse como respaldo a una campaña presidencial.
Avanzan procesos penales
Mientras el caso disciplinario avanza en los tribunales, Quintero también enfrentaba investigaciones penales derivadas del escándalo por la compra, devolución y recompra del predio Aguas Vivas, ubicado en el oriente de Medellín. La Fiscalía tenía programado para el 21 de noviembre la presentación del escrito de acusación por delitos como peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos.
El ente acusador señaló que estas operaciones presuntamente generaron sobrecostos millonarios y afectaron las finanzas públicas de la administración local. En este proceso también fueron vinculados varios exfuncionarios de alto nivel, entre ellos exsecretarios generales, exdirectivos del área contractual y exresponsables de planeación territorial.
Para la Fiscalía, las maniobras en torno al predio evidenciarían un esquema que comprometió recursos públicos y derivó en decisiones administrativas contrarias a los procedimientos legales. La acusación formal marcó el inicio de una etapa judicial que podría extenderse durante los próximos meses, mientras la defensa busca desvirtuar los señalamientos.
