El pasado 3 de octubre de 2024, la Sección Quinta del Consejo de Estado tomó la decisión de declarar la nulidad de la elección de Doris Bernal Cárdenas como directora general de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía (CORPORINOQUÍA), quien había sido designada para ejercer el cargo durante el periodo 2024-2027. La medida fue adoptada tras encontrarse dos graves irregularidades en el proceso de selección y nombramiento, las cuales fueron consideradas suficientes para invalidar el nombramiento.
Primera irregularidad
Una de las principales razones que motivó la decisión del alto tribunal fue la falta de trámite de las recusaciones presentadas contra algunos de los integrantes del Consejo Directivo encargado de llevar a cabo el proceso de elección. De acuerdo con la Ley 1437 de 2011, artículo 12, las recusaciones deben ser tramitadas adecuadamente cuando se presentan posibles conflictos de interés o cuestionamientos sobre la imparcialidad de quienes toman decisiones administrativas. En este caso, la omisión de dicho trámite fue vista como una violación directa al debido proceso.
El Consejo Directivo de CORPORINOQUÍA, al no haber gestionado ni resuelto las recusaciones en los términos que exige la ley, incurrió en un error que comprometió la transparencia y la legitimidad de la elección.
Segunda irregularidad
La segunda irregularidad señalada por el Consejo de Estado radica en que el órgano colegiado de CORPORINOQUÍA reanudó la sesión para la elección sin haber expedido ni publicado un acto administrativo que modificara la fecha de dicho proceso. Este incumplimiento sucedió después de que un juez de tutela ordenara levantar la suspensión del cronograma establecido inicialmente.
La falta de claridad y de un acto administrativo oficial que confirmara el cambio de fecha es otro aspecto que vulneró la normatividad aplicable.
Consecuencias
El fallo no solo anula la elección de Doris Bernal Cárdenas, sino que también ordena que el proceso de selección se reinicie desde la etapa de elección, comenzando con el trámite adecuado de las recusaciones. El Consejo de Estado ha sido claro en que las disposiciones legales y los reglamentos deben respetarse de manera estricta para garantizar un proceso justo y legítimo.
