El escándalo por la fallida construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del Centro Agroindustrial La Angostura, en el Huila, sigue escalando en los estrados judiciales. El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) demandó a las firmas contratistas y a varias aseguradoras, señalándolas de incumplir sus obligaciones contractuales y de ocultar fallas técnicas que hoy ponen en jaque la operación de la obra.
La acción judicial involucra a Construsuelos Suministros Ltda., Cubiko Obras y Consultoría S.A.S., el ingeniero Juan Carlos Villany Rodríguez, y a las aseguradoras Seguros del Estado, Aseguradora de Fianzas (Confianza) y Aseguradora Solidaria de Colombia. El SENA pide que se declare su responsabilidad, se reconozca el riesgo asegurado y se ordene el pago de millonarios perjuicios.
En la audiencia inicial del 20 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo del Huila negó tres pruebas clave solicitadas por la defensa de los contratistas: un testimonio técnico, un dictamen pericial y un informe requerido por una aseguradora. El tribunal explicó que las solicitudes carecían de sustento legal: el testigo no acreditaba idoneidad ni hechos concretos, el peritaje no detallaba qué debía verificarse ni incluía cuestionario, y el informe pudo obtenerse por derecho de petición.
Frente a esta decisión, Construsuelos Suministros apeló insistiendo en que los hechos sí estaban señalados y que el dictamen se había anexado a la contestación. La aseguradora de fianzas, por su parte, interpuso recurso de reposición y apelación, aunque luego desistió.
El expediente llegó al Consejo de Estado, que en decisión ponente del magistrado Alberto Montaña Plata, confirmó la negativa del Tribunal. Según la alta corte, la defensa no demostró la pertinencia ni la utilidad de las pruebas. En el caso del testimonio, se pretendía cubrir de manera general los 40 hechos de la demanda, sin precisar puntos concretos, lo que violaba el artículo 212 del Código General del Proceso. Sobre el supuesto dictamen, el Consejo estableció que nunca fue aportado: lo que existía era apenas una “propuesta técnica y económica” y la hoja de vida del perito.
El fallo deja en firme la exclusión de esas pruebas, debilitando la estrategia de los contratistas y reforzando la posición del SENA, que insiste en que la PTAR de La Angostura es un ejemplo de incumplimientos y deficiencias técnicas que no pueden quedar en la impunidad.
