El Consejo de Estado aceptó estudiar una acción de tutela presentada contra el presidente Gustavo Petro y la Comisión Séptima del Senado, en la que se alega la vulneración de varios derechos fundamentales relacionados con la participación política y democrática. La decisión abre la puerta a un debate judicial que podría frenar la consulta popular anunciada por el mandatario para impulsar su reforma laboral.
La tutela fue interpuesta por el ciudadano Breyner Aaron, quien argumenta que la intención del presidente de llevar a cabo una consulta popular representa una transgresión a los derechos al voto, a la participación ciudadana, a elegir y ser elegido, y a la soberanía popular. Según el accionante, la propuesta presidencial no solo implica un alto costo económico para el Estado, sino que, además, responde a la negativa del Congreso de aprobar la reforma por la vía legislativa ordinaria.
De acuerdo con el texto del Consejo de Estado, la acción también cuestiona las decisiones de la Comisión Séptima del Senado por archivar el proyecto de reforma laboral, y del Congreso en general por no culminar los debates de las reformas a la salud y la educación.
En consecuencia, el alto tribunal ordenó notificar al presidente Petro y a los miembros de la Comisión Séptima del Senado para que, en un plazo de dos días, respondan a los señalamientos, presenten las pruebas que consideren necesarias y rindan los respectivos informes.
Este fallo de admisión marca un nuevo capítulo en la batalla institucional en torno a las reformas sociales del actual Gobierno, y abre una puerta para que la justicia evalúe si los mecanismos de participación popular están siendo utilizados de forma adecuada y constitucional.
