La Sección Quinta del Consejo de Estado aceptó estudiar una demanda que busca anular la polémica votación del Senado que archivó la consulta popular impulsada por el Gobierno Petro. El proceso, radicado por el abogado Raymundo Marenco, reabre el debate jurídico sobre la legalidad del procedimiento legislativo. Consejo de Estado admite demanda para anular votación que hundió la consulta popular.
El demandante asegura que se vulneró la Ley Quinta del Congreso. Las inconsistencias detectadas en el conteo de votos y en el desarrollo del debate legislativo podrían invalidar la decisión que cerró la puerta a esta iniciativa presidencial.
Demandante denuncia graves irregularidades; Consejo de Estado admite demanda para anular votación que hundió la consulta popular
Raymundo Marenco, excandidato a la Gobernación del Atlántico y militante del partido ADA, argumentó que se registraron 96 votos cuando había 97 senadores presentes. Además, sostuvo que se alteró irregularmente el voto del senador Edgar Díaz, y que los congresistas solo contaron con tres minutos para sufragar.
“El acta registra un voto de más o uno sin explicación, lo cual impide validar el resultado final. La ley exige repetir la votación ante cualquier inconsistencia, cosa que no ocurrió”, explicó Marenco en entrevista radial.
A esto se suma la denuncia de que un senador abandonó el recinto sin justificación legal, lo cual también rompe con el reglamento. Estas tres irregularidades —conteo erróneo, salida injustificada y abstención anómala— forman el núcleo del recurso de nulidad presentado ante el alto tribunal.
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Consejo de Estado ordena pruebas y da plazo al Senado para responder
El magistrado Pedro Pablo Vanegas liderará el estudio del caso. En la decisión de admisión, el Consejo de Estado calificó la votación como un acto administrativo de carácter electoral susceptible de control judicial.
Como parte del proceso, el tribunal decretó la práctica de pruebas y otorgó 30 días al Senado para responder a los señalamientos. También se notificó a la Presidencia de la República y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en caso de que deseen intervenir.
La Casa de Nariño, por su parte, ha planteado la posibilidad de convocar la consulta por decreto si el Senado no repite la votación. Sin embargo, expertos constitucionalistas advierten que esta vía sería inconstitucional sin el aval previo del Congreso.
