El estado de conmoción interior es una herramienta constitucional que permite al presidente de Colombia asumir facultades extraordinarias en situaciones graves de alteración del orden público. Su propósito es restablecer la normalidad cuando los mecanismos ordinarios del Estado no son suficientes. Aunque se trata de una medida legal, su aplicación implica la restricción de ciertos derechos y libertades, por lo que su uso debe ser proporcional, temporal y estrictamente necesario.
En los últimos años, el Gobierno ha optado por no recurrir con frecuencia a esta figura, priorizando el fortalecimiento institucional y el respeto a las garantías ciudadanas. Evitar la conmoción interior, incluso ante hechos violentos o crisis regionales, responde a una estrategia enfocada en mantener el equilibrio entre seguridad y democracia. Esta postura ha generado debate sobre la eficacia del Estado en el manejo de emergencias, pero también ha sido vista como una defensa frente a posibles excesos de poder.
