Bogotá, 1 de octubre de 2025 – Tras semanas de pulso político, las comisiones económicas conjuntas del Congreso (Senado y Cámara) tomaron una decisión que buscaba rescatar el trámite del Presupuesto General de la Nación para 2026: aprobar una versión recortada en 10 billones de pesos, a fin de evitar que el Ejecutivo recurra al llamado “decretazo” para imponer el monto por fuera del control legislativo.
La ponencia alternativa, encabezada por la representante Olga Lucía Velázquez (Alianza Verde), contó con respaldo tanto del gobierno como de bloques independientes y de oposición. Con esta decisión, el monto total pasó de la propuesta original de 556,9 billones de pesos a 546,9 billones.
Además del recorte, se aprobaron modificaciones al articulado: ocho artículos considerados conflictivos fueron eliminados para facilitar el consenso.
¿Por qué se consideró urgente “revivir” el presupuesto?
El Gobierno corría el riesgo de que el proyecto original quedara hundido en el Congreso por falta de apoyo político. En ese escenario, tendría que recurrir a la vía del decreto para fijar el presupuesto, lo que implicaría una fuerte pérdida de control parlamentario sobre las cuentas públicas.
Según declaraciones oficiales, con el recorte se logró un escenario de consenso que da aire para que el debate continúe en las plenarias sin caer en imposiciones unilaterales.
Implicaciones del recorte: más allá del número
- Sectores como Defensa y Policía son los que más sentirán la afectación del ajuste, según análisis del Observatorio Fiscal y Fedesarrollo.
- En el gasto de funcionamiento (sueldos, estructura estatal) también habrá recortes: el funcionamiento pasaría a 359,3 billones, frente al monto inicialmente previsto.
- En materia de inversión pública, el golpe sería de unos 3,5 billones si se confirma el ajuste pactado.
Aun con este acuerdo parcial, el país no está libre de riesgos: aún se requiere una ley de financiamiento (reforma tributaria) que permita cubrir el déficit proyectado.
De hecho, algunos sectores del Congreso ya han planteado recortar aún más el monto para reducir la presión sobre impuestos.
Riesgos legales y constitucionales
Un punto de controversia: el recorte de 10 billones se hizo después del plazo legal máximo para hacer ajustes al monto. De acuerdo con expertos, la fecha límite para fijar el monto del presupuesto era el 15 de septiembre, lo que levanta dudas sobre la validez del recorte aprobado el 24 de septiembre.
Esto genera debates sobre si el trámite quedará viciado y si el Gobierno podría, en última instancia, imponer el monto original por decreto.
Lo que sigue: el trámite en plenarias y el cierre del consenso
- Quedan tres debates más para que el presupuesto sea aprobado completamente, con fecha límite señalada hasta el 20 de octubre.
- Si en ese momento no prospera el monto recortado, se teme que el Ejecutivo vuelva a imponer su versión original o que se ajuste el presupuesto vía decreto.
- Al mismo tiempo, la ley de financiamiento tendrá que adaptarse al nuevo escenario: ya no serían los 26 billones inicialmente proyectados, sino una versión menor.
- El Gobierno ya aceptó la reducción de 10 billones como un gesto de apertura política.
- Pero para sectores empresariales y económicos, la reforma tributaria propuesta sigue siendo muy agresiva, con riesgos para inversión y competitividad.
