El Congreso de la República aprobó este jueves una nueva ley que incrementa significativamente las penas por delitos ambientales, especialmente aquellos relacionados con la deforestación, minería ilegal y contaminación de fuentes hídricas. La iniciativa, respaldada por el Ministerio de Ambiente, establece sanciones de hasta 15 años de prisión para quienes participen en actividades que atenten gravemente contra los ecosistemas estratégicos del país.
La norma también contempla medidas preventivas como la posibilidad de imponer restricciones a empresas reincidentes y la creación de un fondo especial para restauración ambiental. Organizaciones ecologistas celebraron la aprobación, aunque advirtieron que el verdadero reto será garantizar su aplicación efectiva en zonas donde las mafias ambientales ejercen fuerte control.
