La Fiscalía General de la Nación ha intensificado las investigaciones por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), señalando a exfuncionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro como posibles responsables de redireccionamiento indebido de contratos y desvío de recursos públicos.
Entre los principales implicados se encuentran Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, y Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda. Ambos han sido mencionados en testimonios ofrecidos por Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres. Según López, el 4 de diciembre de 2023 se reunió con Velasco, quien le habría solicitado direccionar contratos por 35.000 millones de pesos a favor del congresista Julio Elías Chagüi. El objetivo sería asegurar su respaldo para las reformas del Gobierno en el Congreso, particularmente la reforma a la salud.
Los contratos estaban orientados a la ejecución de obras invernales en Sahagún, Córdoba. Como no fue posible canalizarlos a través del Instituto Nacional de Vías (Invías), se habrían gestionado por medio de la Ungrd. Sin embargo, el proceso fue suspendido tras estallar el escándalo de los carrotanques en La Guajira.
Por su parte, Ricardo Bonilla fue vinculado por autorizar presuntamente a su asesora, María Alejandra Benavides, para gestionar contratos irregulares por más de 90.000 millones de pesos. Además, habría permitido a Pinilla adelantar convenios que también estarían siendo investigados.
La Fiscalía anunció que llevará a cabo diligencias de arraigo contra ambos exministros con el fin de obtener datos de residencia, trabajo y vínculos familiares, lo que facilitará su ubicación en caso de ser requeridos judicialmente.
El escándalo también ha alcanzado a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien recientemente salió del país. Según el ente acusador, González habría ordenado la adjudicación de contratos por 60.000 millones de pesos para beneficiar a los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle, con apoyo de la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz.
Tanto Velasco como Bonilla han negado cualquier participación en actos irregulares. No obstante, las investigaciones continúan, y se espera que en los próximos días se realicen más diligencias para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades.
