El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, ha solicitado a la Corte Constitucional la derogación de varios apartados del Decreto Ley 1094 de 2024, firmado por el presidente Gustavo Petro. El jefe del Ministerio Público argumenta que algunas disposiciones de este decreto podrían contradecir la supremacía de la Constitución, al reconocer al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) como una Autoridad Territorial Económica y Ambiental (ATEA). Este estatus, según Eljach, podría crear un conflicto con el ordenamiento jurídico del país, al otorgar un trato especial a las normas internas del CRIC.
Territoriales
El Decreto Ley 1094 establece que el CRIC, como ATEA, tendrá la facultad de administrar y gestionar sus territorios bajo sus propias normativas, lo que refuerza el ejercicio del derecho a la autonomía indígena. Esta figura fue creada en 2018 y oficializada en 2023, tras una histórica movilización de la minga indígena en Bogotá. El reconocimiento de esta autoridad territorial busca fortalecer la capacidad de autogobierno de los pueblos originarios del Cauca, especialmente en áreas clave como la economía, la gestión ambiental y la gobernanza territorial.
Comunidades
La solicitud de derogación ha generado una fuerte reacción entre las comunidades ancestrales del Cauca, que se encuentran en asamblea permanente para coordinar posibles acciones de movilización contra la decisión del procurador. Para las comunidades indígenas, el reconocimiento del CRIC como una Autoridad Territorial Económica y Ambiental es un avance significativo en la lucha por la autonomía y el reconocimiento de sus derechos sobre el territorio, una de las principales demandas históricas del movimiento indígena en Colombia.
Autonomía
La Corte Constitucional deberá ahora analizar la solicitud presentada por el procurador y decidir si deroga los apartados impugnados del Decreto Ley 1094 o si los mantiene vigentes. Esta decisión será crucial para el futuro del reconocimiento de las autoridades territoriales indígenas y el alcance de su autonomía en Colombia, y podría tener implicaciones profundas para la relación entre el Estado y las comunidades indígenas en el país.
