El último secretariado de las extintas Farc admitió haber reclutado forzosamente a más de 18.000 niños y adolescentes durante el conflicto armado. La carta entregada a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconoce este delito como “un hecho injustificable” que dejó cicatrices irreparables. Confesión ante la JEP: mas de 18 mil menores reclutados por las Farc.
Los excomandantes Rodrigo Londoño, Julián Gallo, Pastor Alape, Pablo Catatumbo, Joaquín Gómez y Jaime Alberto Parra firmaron el documento. Allí aceptaron responsabilidad por el reclutamiento y otros crímenes conexos, como violencia sexual intrafilas, abortos forzados y tratos crueles, aunque algunos siguen relativizando estos hechos.
El reconocimiento no llegó solo: la propuesta de “reparación” dejó en shock a muchas víctimas y sectores de opinión.
El Club El Nogal, epicentro de polémica por acto simbólico de reparación
Los exjefes de las Farc propusieron realizar actos simbólicos de reparación en el Club El Nogal, el mismo lugar donde, en febrero de 2003, detonaron un carrobomba que mató a 36 personas y dejó más de 200 heridos. Esta propuesta hizo estallar la indignación de familiares de las víctimas y de los socios del club, quienes rechazan cualquier intento de escenificar reconciliación allí.
“No estamos dispuestos a prestarnos para actos de quienes atacaron este lugar con sangre y fuego”, dijeron miembros del club a medios nacionales.
El comunicado no especifica si esta acción simbólica responde al caso del reclutamiento infantil o a otros crímenes. Tampoco aclara si las víctimas de este atentado aceptaron la propuesta.
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JEP, víctimas y sociedad civil exigen verdad completa y sin justificaciones
El documento entregado a la JEP incluye 453 páginas, pero ha sido duramente criticado por organizaciones como Rosa Blanca, que representan a excombatientes víctimas de violencia sexual. El texto cuestiona parte de los testimonios de las víctimas, relativiza las órdenes de reclutamiento y sugiere que algunos menores ingresaron a las Farc por “autoprotección”.
Los exFarc aseguran que el aborto forzado buscaba evitar que los bebés crecieran en la guerra y que los baños colectivos no tenían “intención sexual”. También argumentan que las violaciones no constituían delitos de guerra si no se probaban ciertos contextos estructurales.
Estos descargos encendieron el debate en redes sociales y en la opinión pública. Para el abogado Juan Manuel Martínez, “no hay un aporte pleno, detallado y exhaustivo de la verdad. La actitud sigue siendo litigiosa, no dialógica”.
La JEP deberá evaluar si esta carta constituye un reconocimiento efectivo. Si lo acepta, los exFarc podrían recibir penas restaurativas, siempre que cumplan con verdad plena, reparación efectiva y no repetición.
