Este viernes 1 de agosto, la juez Sandra Heredia emitió una sentencia histórica contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, condenado a 12 años de prisión que deberá cumplir en detención domiciliaria, además de una multa cercana a los 3.200 millones de pesos. La condena responde a su culpabilidad por los delitos de fraude procesal y soborno en un caso que se extendió por más de una década y que ha generado expectación política y judicial en el país. La decisión se basa en evidencia que demuestra que Uribe pagó a exparamilitares encarcelados para que manipularan testimonios a su favor y en detrimento del senador Iván Cepeda, infringiendo la justicia ordinaria colombiana.
El proceso judicial contra Uribe comenzó hace más de 10 años, cuando se iniciaron investigaciones por presunta manipulación de testigos y fraude procesal en el contexto de su relación con grupos paramilitares. En 2020, Uribe fue por primera vez enviado a detención domiciliaria en su finca El Ubérrimo, en Montería, una medida inédita para un expresidente en Colombia. Esta condena representa la culminación del litigio que involucra cuestionamientos sobre argumentos y pruebas tan polémicas como escuchas telefónicas ilegales y declaraciones controvertidas entre abogados y paramilitares.
La jueza Heredia consideró probada la responsabilidad del expresidente, al constatar que, mediante intermediarios, Uribe sobornó a varios exparamilitares para que declararan falsamente a su favor. La lectura del fallo, que consta de más de mil páginas, se realizó tras una larga audiencia en la que se explicaron los fundamentos jurídicos del veredicto. No obstante, la sentencia indica que Uribe podrá cumplir la pena en casa por cárcel, debido a su avanzada edad, sus antecedentes y su reconocimiento público.
La defensa anunció que apelará la decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá, y en caso de no prosperar, podrá acudir a la sala de casación de la Corte Suprema de Justicia para agotar las instancias judiciales. Por ahora, el expresidente queda inhabilitado por 100 meses para ejercer cargos públicos.
Este veredicto ha dividido al país y al mundo político. Sectores opositores al exmandatario celebran la sentencia como un acto histórico de justicia que sienta un precedente para la rendición de cuentas en Colombia. En contraste, sus simpatizantes denuncian un proceso judicial politizado, que según ellos, careció de todas las garantías y fue usado por sus enemigos para desestabilizar su carrera política y la de su partido, el Centro Democrático.
Asimismo, la condena impacta el escenario político actual, ya que Uribe es un actor esencial dentro de la oposición al gobierno de Gustavo Petro. Los análisis apuntan a que este episodio marcará una nueva etapa en la relación entre justicia e política en Colombia, con alta polarización y amplias repercusiones legales y sociales.
Es la primera vez que un expresidente colombiano es sentenciado en primera instancia por la justicia ordinaria a una pena privativa de la libertad relacionada con delitos de corrupción y manipulación de testigos, lo que abre debates sobre la independencia judicial y el Estado de derecho en el país.
