En un país donde la corrupción se ha vuelto el pan de cada día, la historia de Fredy Herrera Rivera, exagente del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) de Cartagena, es un retrato indignante de cómo el poder se utiliza para pisotear los derechos de los ciudadanos.
Contra Herrera Rivera, el Tribunal Superior de Cartagena confirmó la condena de ocho años de prisión. El exfuncionario, lejos de cumplir con su deber de velar por la seguridad vial, optó por extorsionar a un conductor, aprovechándose del uniforme.
Los hechos se registraron el 26 de noviembre de 2017 en el corregimiento de Pasacaballo. Allí, Herrera Rivera, abusando de la autoridad, exigió dinero a un conductor para no imponerle un comparendo por el simple hecho de no portar el extintor en el equipo de carreteras
Por si fuera poco, ante la negativa del conductor a ceder ante la extorsión, el agente lo intimidó con la amenaza de inmovilizar su vehículo, una sanción que ni siquiera está contemplada en la normativa para esa infracción.
Como si suficiente abuso no fuera suficiente, tan solo unos días después, el conductor fue notificado de un parte en su contra, del que ni siquiera tenía conocimiento, pues jamás estuvo presente en los trámites.
La justicia cojea, pero llega, hasta que la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena no solo ratificó la condena de prisión, sino que impuso una multa de 66,6 salarios mínimos legales vigentes (cerca de 94 millones de pesos) y una inhabilidad de 80 meses para ejercer cargos públicos.
Por el acto de corrupción, Herrera Rivera purga condena en la cárcel de Ternera, en Cartagena.
