Condena histórica en Duitama
En un fallo sin precedentes para la región, Jersson Jahir Velandia Suárez, representante legal de Ávitar Constructora e Inmobiliaria SAS, fue condenado a 18 años y 1.8 meses de prisión por captación masiva de dinero, estafa agravada y concierto para delinquir. Además, deberá pagar una multa de 33.000 salarios mínimos legales vigentes, equivalente a 42.900 millones de pesos.
La sentencia, dictada por un juzgado local, concluyó que Velandia Suárez lideró un esquema fraudulento que afectó a más de dos mil personas en Duitama y municipios cercanos, muchas de ellas familias que depositaron su confianza y ahorros en los proyectos de la constructora.
Delitos que impactaron a la región
El empresario fue hallado culpable de captación masiva y habitual de dinero (artículo 316 del Código Penal), estafa agravada (artículo 246, numerales 1 y 2) y concierto para delinquir (artículo 340). Las pruebas presentadas demostraron que las acciones ilegales causaron un grave perjuicio económico a las víctimas, generando un impacto social significativo.
“Seguiremos trabajando para garantizar justicia y lograr la reparación integral de las víctimas, muchas de las cuales perdieron todo en proyectos fraudulentos”, afirmó Víctor Enrique Jaimes López, abogado de los afectados, quien lidera la apelación en busca de una pena más severa.
Sin beneficios judiciales
El juzgado determinó que Velandia Suárez no podrá acceder a beneficios como la prisión domiciliaria o la suspensión de la ejecución de la pena. Esto refuerza el mensaje de tolerancia cero frente a los delitos financieros en la región.
Mientras tanto, la comunidad espera con expectativa el resultado del recurso de apelación, que busca aumentar la condena. Las víctimas, muchas aún enfrentando dificultades económicas, continúan su lucha por la reparación económica y moral.
Llamado a la prevención
Este caso se ha convertido en un símbolo de los riesgos asociados a esquemas financieros fraudulentos y la importancia de un control riguroso sobre las actividades comerciales. Las autoridades han exhortado a la población a desconfiar de promesas de rendimientos extraordinarios y a denunciar cualquier irregularidad.
“La sentencia marca un precedente contra la impunidad en delitos financieros y subraya la necesidad de controles estrictos”.
