Condenan a alias ‘Iván Márquez’ a 44 años de cárcel por asesinato de militar en Urrao, Antioquia, en operativo de rescate

Alias Iván Márquez fue condenado a 40 años de prisión por ordenar el secuestro y asesinato del subteniente del Ejército Nacional Héctor Lucuara Segura en Urrao, Antioquia, un caso emblemático del conflicto armado colombiano. La justicia demostró su responsabilidad directa en este crimen cometido durante un operativo de rescate militar.
Alias 'Iván Márquez'
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La justicia colombiana sentenció a 44 años de prisión a Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’, exlíder de las extintas Farc, por su responsabilidad en el secuestro y asesinato del subteniente Héctor Lucuara Segura, ocurrido el 5 de mayo de 2003 en la zona rural de Urrao, Antioquia.

El juez del caso determinó que Márquez impartió la orden directa de asesinar a los secuestrados en caso de intento de liberación militar, ejecución que se cumplió durante un operativo de rescate de las Fuerzas Armadas contra el campamento guerrillero donde estaba cautivo el suboficial.

Héctor Lucuara Segura, sargento viceprimero del Ejército Nacional, estuvo secuestrado por cinco años bajo la custodia de frentes guerrilleros que respondían al mando de alias ‘Iván Márquez’. El caso tuvo gran repercusión en su momento por la crueldad del asesinato en medio de una operación militar para liberar a los retenidos.

La Fiscalía General logró con pruebas testimoniales y técnicas demostrar que Márquez dio la orden de ejecución, evidenciando su participación directa como determinador del homicidio en persona protegida y secuestro extorsivo agravado. El fallo judicial no concedió beneficios penitenciarios debido a la gravedad de los hechos.

El subteniente Lucuara fue reconocido por su compromiso y valor en su carrera militar. Su secuestro y posterior asesinato simbolizan uno de los episodios más dolorosos del conflicto armado colombiano, especialmente en la región de Urrao, Antioquia, afectada profundamente por la violencia guerrillera. La condena contra Márquez representa un paso significativo para la justicia transicional y la reparación a las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos durante el conflicto.


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