Investigaciones permitieron demostrar maltrato contra los menores que estaban internados.
Una decisión judicial conocida este 25 de septiembre vuelve a poner la atención sobre una institución especializada de Ibagué, donde nueve menores de edad habrían sufrido agresiones físicas y psicológicas mientras permanecían internados. La Fiscalía General de la Nación presentó las pruebas que permitieron establecer responsabilidades contra siete exempleados, condenados por los hechos ocurridos durante el segundo semestre de 2016 y 2017.
Los sentenciados son Johanna Dignore Rodríguez Olaya, directora de la fundación; Yenifer Stefany Salcedo Cartagena, psicóloga; y los auxiliares de enfermería Edison Jaber Calderón Espitia, Paola Andrea Tique Vera, Claudia Maritza Flórez Medina, Claudia Lorena Pedraza Henao y Paula Andrea Patiño Buitrago.
De acuerdo con la investigación, las siete personas fueron declaradas penalmente responsables, según sus actuaciones individuales, de los delitos de concierto para delinquir y tortura agravada. Un juez especializado de conocimiento impuso penas que oscilan entre 15 y 17 años de prisión, tras valorar el material probatorio presentado por el ente acusador.
La Fiscalía estableció que los menores permanecían en una institución destinada a brindar atención especializada a personas con discapacidad mental o psicosocial, remitidas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. En ese escenario, las autoridades documentaron prácticas de contención física y psicológica que, según el proceso, dejaron de tener una finalidad terapéutica y fueron utilizadas como mecanismos de castigo, intimidación y sometimiento.
La investigación señaló que las inmovilizaciones se realizaban de manera reiterada y sin que existieran verdaderas emergencias médicas o psiquiátricas que las justificaran. Entre las conductas que, presuntamente, desencadenaban estas medidas estaban llorar, negarse a comer, discutir, incumplir instrucciones o presentar comportamientos relacionados con las condiciones de los pacientes.
Para la Fiscalía, estas actuaciones permitieron demostrar un patrón de maltrato contra los menores que estaban bajo cuidado institucional. El caso había avanzado desde el 23 de octubre de 2017, cuando el CTI, con apoyo de la Policía Nacional, capturó a varias personas vinculadas a las investigaciones por los hechos ocurridos en la fundación.
El caso comenzó con diez capturas; posteriormente, ocho recibieron condenas, una fue absuelta y otra falleció durante el proceso.
Además de las penas principales, el juzgado impuso a los condenados la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas, así como la inhabilitación para ejercer sus respectivas profesiones durante el mismo periodo de las condenas.
Una de las personas sentenciadas cumplirá la pena en prisión domiciliaria, mientras las demás deberán permanecer en centros penitenciarios. La decisión corresponde a una sentencia de primera instancia, por lo que el proceso todavía contempla las etapas judiciales previstas por la ley.
