El pasado miércoles, un juez penal de conocimiento condenó a cinco años de prisión a Jaime Alejandro Ramírez Franco, exdirector de Planeación de la Alcaldía de Garzón, y a Carlos Eduardo Cuéllar Arteaga, exasesor jurídico, tras ser hallados como responsables de las irregularidades en un contrato para la rehabilitación de un centro recreacional en 2013.
Según el comunicado dado a conocer por parte de la Fiscalía Seccional Huila, también Nelson Vargas Cadena, contratista del proyecto, recibió una condena de cuatro años de prisión.
“Los tres fueron encontrados culpables del delito de interés indebido en la celebración de contratos, según lo confirmó la Fiscalía General de la Nación”, indicó el ente judicial en el comunicado.
Un contrato direccionado
Según las investigaciones realizada por los peritos del ente investigador, revelaron que en noviembre de 2013 la Alcaldía de Garzón adjudicó una licitación pública que resultó en la firma de un contrato con Vargas Cadena.
El objeto del contrato era la rehabilitación del centro recreacional Manila, que incluía la remodelación de piscinas, la instalación de atracciones acuáticas, la construcción de cabañas y la adecuación de canchas de vóley playa por un valor superior a los 2.000 millones de pesos.
Sin embargo, la Fiscalía logró demostrar que Ramírez Franco y Cuéllar Arteaga manipularon el proceso contractual para favorecer exclusivamente al contratista Vargas Cadena. Para ello, establecieron una serie de requisitos en los pliegos de condiciones que impedían la participación de otros oferentes.
“Entre los aspectos modificados se encontraban exigencias en la capacidad financiera y técnica de los proponentes, así como criterios específicos sobre la experiencia requerida.
Estos requisitos fueron diseñados de manera que únicamente Vargas Cadena pudiera cumplirlos, eliminando cualquier posibilidad de competencia en la licitación”, puntualizaron la Fiscalía en el informe oficial
Sentencia en primera instancia
A pesar de la condena, la decisión del juez es de primera instancia, por lo que los condenados aún pueden interponer recursos legales para intentar revertir el fallo.
El caso pone nuevamente en evidencia las prácticas corruptas en la contratación pública y la forma en que algunos funcionarios alteran los procesos para beneficiar intereses particulares.
Las irregularidades detectadas en este contrato no solo afectan la transparencia del manejo de los recursos públicos, sino que también impactan el desarrollo de infraestructura recreativa para la comunidad de Garzón.
Las autoridades han insistido en la importancia de fortalecer los mecanismos de control para evitar que situaciones como esta se repitan en el futuro.
Mientras tanto, la condena de los tres implicados envía un mensaje claro sobre la lucha contra la corrupción en el manejo de los recursos del Estado.
