La justicia colombiana dictó una condena ejemplar contra un hombre señalado de ser reclutador de menores al servicio de las disidencias de las Farc, imponiéndole una pena de ocho años de cárcel. El fallo fue emitido por un juez especializado en delitos relacionados con el conflicto armado, quien concluyó que existían pruebas suficientes para demostrar la responsabilidad del procesado en la vinculación de niños, niñas y adolescentes a actividades ilícitas de un grupo armado organizado.
Reclutamiento forzado
De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, el condenado habría contactado a varios menores de edad en zonas rurales, aprovechando las condiciones de vulnerabilidad económica y social de las comunidades. Bajo la promesa de ofrecer estabilidad, alimentación y la posibilidad de “hacer parte de una causa”, convenció a los jóvenes para integrarse a las filas de la estructura armada. Una vez bajo su control, los adolescentes eran sometidos a entrenamientos, tareas de inteligencia y, en algunos casos, a la manipulación de armas de fuego.
El despacho judicial consideró que estas prácticas constituyen una grave violación a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, pues el reclutamiento forzado de menores está tipificado como un crimen de guerra. Por esta razón, el juez recalcó que la pena impuesta busca enviar un mensaje de no tolerancia frente a estas conductas y reafirmar el compromiso del Estado en la protección de la niñez.
Reparación simbólica
La decisión también contempla medidas de reparación simbólica a las víctimas y a sus familias, quienes han solicitado garantías de no repetición. Según la Fiscalía, este caso refleja los retos actuales en regiones donde todavía hay presencia de grupos armados ilegales que insisten en mantener prácticas prohibidas y contrarias a la dignidad humana.
Organismos internacionales de derechos humanos celebraron la condena, resaltando que Colombia ha avanzado en la judicialización de responsables de crímenes contra menores de edad en contextos de conflicto. De igual manera, hicieron un llamado para que se refuercen los programas de prevención y acompañamiento a las comunidades más afectadas por la violencia.
El fallo constituye un precedente judicial que reafirma la protección de los niños y adolescentes frente a las dinámicas del conflicto. Con esta condena, se envía un mensaje claro de que quienes insistan en utilizar a los menores en la guerra enfrentarán las consecuencias legales y sociales de sus actos.
