La Corte Constitucional de Colombia emitió una histórica condena contra el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía durante las protestas sociales que se han registrado en el país en los últimos años. En su fallo, el alto tribunal señaló que el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes del orden constituye una violación de los derechos fundamentales de los manifestantes, como el derecho a la protesta pacífica y el derecho a la vida. La Corte subrayó la obligación del Estado de garantizar el ejercicio de la protesta social sin recurrir a prácticas violentas que atenten contra la integridad de los ciudadanos.
El pronunciamiento de la Corte se deriva de los hechos ocurridos durante el paro nacional de 2021 y otras manifestaciones previas, donde se documentaron numerosos casos de abusos por parte de la fuerza pública, incluyendo el uso de armas de fuego, gas lacrimógeno de manera indiscriminada y la represión violenta contra manifestantes y defensores de derechos humanos. La Corte destacó que las autoridades deben actuar con una «proporcionalidad» y «racionalidad» en el manejo de las protestas, asegurando que cualquier uso de la fuerza esté estrictamente limitado a situaciones de legítima defensa y control de alteraciones graves del orden público.
Este fallo ha sido ampliamente celebrado por organizaciones de derechos humanos, que ven en él un avance importante en la protección de los derechos civiles y en la garantía de la protesta social en Colombia. Sin embargo, también ha generado preocupación entre algunos sectores que defienden el actuar de la policía en contextos de alta tensión. La Corte, además, ordenó al gobierno adoptar medidas inmediatas para reformar el protocolo de actuación de la policía en manifestaciones y fortalecer la capacitación de los agentes en el respeto de los derechos humanos, en un esfuerzo por evitar nuevos abusos y garantizar un trato digno a los manifestantes en futuras movilizaciones.
