En la cuerda floja quedó el exgobernador de Norte de Santander Luis Miguel Morelli Navia, luego de que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia decidiera revocar el fallo proferido en 2022 por la Sala Especial de primera instancia de ese mismo tribunal, en el que lo absolvía por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Los hechos guardan relación con la suscripción del convenio interadministrativo No. 000053 entre la Gobernación y el entonces alcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, y cuyo propósito era “unir esfuerzos para lograr la venta” de dos lotes de los que eran propietarios en común.
Al exmandatario le reprochaban el hecho de que el negocio se cerró bajo la modalidad de contratación directa, sin tener en cuenta que el monto de los predios, que estaba por el orden de los $7.160.982.303, superaba el límite de menor cuantía, por lo que se hacía imperativo adelantar una licitación pública.
No obstante, la Sala Especial de Primera Instancia decidió absolverlo de cualquier responsabilidad, al considerar que su conducta no constituía un delito, toda vez que, en virtud del principio de confianza en sus subalternos, es decir, en sus asesores jurídicos, creyó que no estaba infringiendo la ley.
Dos años después, la misma Corte Suprema, pero esta vez la Sala de Casación Penal, encontró que no le asistía razón a la primera instancia y que sí había elementos para condenar a Morelli, por cuanto en su calidad de gobernador y ordenador del gasto, no cumplió adecuadamente con su deber de control y vigilancia en el proceso contractual por el que lo investigaban.
