En un fallo histórico, la justicia colombiana condenó a siete exdirectivos de la multinacional Chiquita Brands a 11 años y 3 meses de prisión por concierto para delinquir agravado y financiación de grupos paramilitares durante el conflicto armado en Colombia. Por primera vez, altos ejecutivos enfrentan penas privativas de la libertad y serán obligados a pagar una millonaria indemnización a las víctimas afectadas por las acciones de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El proceso judicial cierra un largo periodo de impunidad que se remontaba a 2007, cuando Chiquita Brands aceptó ante tribunales de Estados Unidos haber realizado más de cien pagos ilegales a los paramilitares, los cuales perpetraron masacres, asesinatos selectivos, desplazamientos forzados y amenazas a trabajadores y comunidades en el Urabá y el Magdalena Medio. Sin embargo, mientras en EE.UU. la empresa fue condenada a multas millonarias, en Colombia sus directivos no habían enfrentado penas hasta esta resolución emitida en Antioquia por el juzgado 6 penal del Circuito Especializado.
Los delitos que motivaron la condena incluyen financiamiento de grupos armados ilegales, complicidad en homicidios de sindicalistas y civiles, y concierto para delinquir agravado.
La justicia demostró que, durante el conflicto, los paramilitares protegían intereses económicos de la multinacional reprimiendo protestas laborales y extendiendo su control armado sobre territorios estratégicos para la producción bananera. Según investigaciones, la multinacional eligió colaborar con estas organizaciones armadas ilegales en lugar de acudir a fuerzas estatales.
El proceso judicial enfrentó diversos sobresaltos, entre ellos la presentación de informes con falsedades y omisiones que buscaban eximir la responsabilidad de los directivos implicados, así como la casi prescripción del delito, superada apenas a tiempo para dictar sentencia. La justicia colombiana negó la suspensión de penas y la prisión domiciliaria a los condenados, emitiendo órdenes internacionales de captura para quienes no se presenten.
La condena sienta un precedente inédito para casos similares en Colombia, donde otras corporaciones con vínculos a grupos paramilitares podrían enfrentar procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad. La decisión judicial refleja un avance en los mecanismos de justicia para víctimas del conflicto armado y un llamado a que se investigue y sancione a terceros que financian la violencia.
