El lunes 28 de julio de 2025, la jueza 44 penal de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Aranda, emitió un fallo condenatorio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Esta decisión histórica lo convierte en el primer exmandatario colombiano condenado en un juicio penal en la historia moderna del país.
El caso se remonta a una denuncia en 2012 presentada por el senador Iván Cepeda, quien acusó a Uribe de vínculos con el paramilitarismo. En 2018, la Corte Suprema dio un giro al proceso al encontrar que el propio Uribe, mediante intermediarios como su abogado Diego Cadena, intentó manipular testimonios de exparamilitares privados de libertad para que retractaran sus acusaciones en su contra.
La jueza Heredia respaldó como válidas las pruebas presentadas: una grabación captada por un reloj espía utilizado por el testigo clave Juan Guillermo Monsalve, así como interceptaciones telefónicas autorizadas por error por la Corte Suprema, que revelaron reuniones entre Cadena y detenidos con promesas de beneficios judiciales a cambio de cambiar testimonios . Heredia destacó que Uribe “sabía lo ilícito de su actuar” y actuó “desde las sombras” para influir en el proceso.
Aunque fue absolvió del cargo de soborno simple, la decisión contempla una condena estimada entre 4 y 12 años de prisión, dependiendo del delito. La Fiscalía solicitó una pena de 108 meses (9 años), mientras que la defensa ya anunció que apelará el fallo el 11 de agosto, y la lectura formal de la sentencia tendrá lugar el 1 de agosto a las 2:00 p. m.. Dado su edad (73 años), podría cumplir la pena en arresto domiciliario .
Esta condena genera fuertes divisiones políticas: partidarios de Uribe califican el fallo como una persecución política y anunciaron una campaña por su inocencia, mientras sectores de izquierda lo celebran como un avance institucional decisivo. Se espera que esto impacte al partido Centro Democrático y reconfigure el panorama político de cara a las elecciones de 2026.
Claves adicionales:
- Fue un proceso judicial de casi 13 años, iniciado con denuncias en 2012 y acelerado en 2018 tras nuevas pruebas judiciales.
- La jueza Heredia rechazó los argumentos de defensa y respaldó la credibilidad de sus pruebas clave, desacreditando testigos de la defensa por inconsistencias.
- Actores internacionales también han reaccionado: legisladores estadounidenses como Marco Rubio calificaron el proceso como judicialización política.
