Uno de los episodios políticos más tensos del año, luego de que el Concejo Municipal entregara la Cruz de Belalcázar a Martha Hoyos en medio de fuertes cuestionamientos éticos. Lo que en otro momento habría sido una ceremonia solemne terminó convirtiéndose en un acto cargado de controversia, pues la distinción se otorgó justo cuando la homenajeada enfrentaba críticas por audios filtrados que aludían a un presunto uso indebido de influencias y evasión de controles de tránsito.

La participación visible del Secretario General del Concejo, Edwin Muñoz, fue interpretada por amplios sectores ciudadanos como una maniobra política que buscaba enviar un mensaje de respaldo, más que un reconocimiento al mérito. Para muchos, la ceremonia simbolizó la desconexión entre la dirigencia local y las preocupaciones reales de la ciudadanía, que sigue reclamando acciones frente a la inseguridad, el desempleo y el deterioro de la malla vial.
¿Reconocimiento o estrategia electoral?
El evento desató una ola de cuestionamientos, no solo por la coyuntura que rodea a la homenajeada, sino por la presencia del concejal José Alexander Campo, figura criticada por apoyar iniciativas de privatización de bienes públicos. Para los observadores políticos, la coincidencia de estos actores en un acto tan simbólico dejó entrever posibles alianzas rumbo a las elecciones locales.
Fuentes cercanas al entorno administrativo señalaron que Muñoz podría estar preparando un escenario para una eventual aspiración a la Alcaldía de Popayán, articulando apoyos dentro del Concejo. Esta versión ha sido calificada como una posible “jugada anticipada”, mientras críticos acusan la existencia de un pacto de protección política en favor de ciertos sectores.

La polémica también alcanzó a la propia distinción. Históricamente, la Cruz de Belalcázar ha sido otorgada a personalidades cuya trayectoria ha sido ejemplo de civismo, cultura y servicio. Sin embargo, esta entrega fue interpretada como una señal de deterioro institucional. Veedores ciudadanos calificaron el acto como “la sepultura ética del máximo reconocimiento de la ciudad”, denunciando que el Concejo convirtió la ceremonia en un instrumento para medir fuerzas políticas.
Para la ciudadanía, el mensaje fue contundente: mientras los escándalos crecen, la institucionalidad parece cerrarse sobre sí misma, premiando a cercanos y deslizando la idea de que los favores pesan más que la integridad.


