Condecoración genera polémica

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El reciente acto protocolario en el Concejo Municipal de Popayán, donde se entregó la Cruz
de Belalcázar a Martha Hoyos, se convirtió en uno de los episodios políticos más

controversiales del año.

La ceremonia, que tradicionalmente exalta el civismo y la
trayectoria de personalidades destacadas, terminó envuelta en críticas luego de que
ciudadanos y veedores cuestionaran la pertinencia de otorgar el reconocimiento en medio
de los señalamientos que enfrentaba la homenajeada por audios filtrados relacionados con
presunto tráfico de influencias y evasión de controles de tránsito.
El papel visible del Secretario General del Concejo, Edwin Muñoz, avivó aún más el debate
público. Sectores ciudadanos interpretaron su presencia como un gesto político más que
institucional, al considerar que el evento buscaba enviar un mensaje de respaldo hacia
figuras con posibles aspiraciones electorales, en lugar de premiar méritos comprobados.
Para muchos habitantes de Popayán, el episodio reflejó la desconexión entre los dirigentes
y las prioridades de la comunidad, especialmente en un contexto marcado por la
inseguridad, el desempleo y el deterioro de la infraestructura vial.
Las reacciones se intensificaron con la participación del concejal José Alexander Campo,
quien ha sido señalado por promover decisiones impopulares relacionadas con la
administración de bienes públicos. La coincidencia entre estos actores en una ceremonia
tan simbólica despertó sospechas sobre alianzas políticas en formación en vísperas del
próximo calendario electoral. Incluso, fuentes cercanas al entorno administrativo sugirieron
que Muñoz estaría midiendo escenarios para una eventual candidatura a la Alcaldía de
Popayán, articulando apoyos desde el mismo Concejo.
Veedores ciudadanos denunciaron que la entrega de la Cruz de Belalcázar, otrora símbolo
de reconocimiento al servicio y la ética, terminó convertida en una herramienta para medir
fuerzas políticas. Algunos calificaron el episodio como “la sepultura ética” de la distinción,
argumentando que el acto institucional perdió su esencia para dar paso a intereses
particulares.
Mientras tanto, la ciudadanía expresó frustración ante lo que percibe como un cierre
institucional sobre sí mismo: un escenario donde las polémicas se acumulan y, en lugar de
generar respuestas, se premia a figuras cuestionadas, alimentando la percepción de que los
favores pesan más que la integridad.


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