Los ediles, solicitaron conocer la situación real de la infraestructura del centro carcelario de Villahermosa y el establecimiento de menores a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
El concejal Roberto Rodríguez Zamudio, indicó que el hacinamiento de más del 500% en centro carcelario y estaciones de policía pone en riesgo la vida de los sindicados y condenados. “Hoy más que salir a correr a decir que tenemos lotes, lo que debemos resolver como Distrito Especial, es garantizar el bienestar de los sindicados y eso es competencia del alcalde Jorge Iván Ospina”, advierte el concejal.
Rodríguez Zamudio también instó al alcalde Ospina y a la Gobernadora Clara Luz Roldán, exigir del gobierno nacional a través del Ministerio de Justicia, cumpla con los aportes que se definieron para la construcción de nuevos pabellones en Villahermosa, dado que desde lo local se cumplió con lo que correspondía. “Hoy el hacinamiento carcelario es una responsabilidad del INPEC y de la Cartera de Justicia”, precisó Rodríguez Zamudio.
El presidente del Concejo, Fabio Alonso Arroyave Botero y el Primer vicepresidente, Harvy Mosquera, consideraron pertinente que desde los órganos competentes se vuelva a insistir en la necesidad de brindar las garantías de seguridad para los centros carcelarios y de retención transitoria (Estaciones de Policía) para evitar cualquier situación que ponga en riesgo la vida de sindicados y condenados.
El edil Roberto Ortiz Urueña, aseveró que la cárcel de Villahermosa tiene un hacinamiento de más de 300%, por lo que instó al ministro Wilson Ruiz Orejuela, para que adopte medidas que evite que lo mismo pase en Cali o en otros centros carcelarios. Ortiz Urueña presentó su voz de condolencia a familiares de los presos que perdieron la vida, al tiempo que anunció que ayudará con los gastos que generan el sepelio de varios de esos seres humanos.
Entre tanto, el concejal Fernando Alberto Tamayo Ovalle, aseveró que la semana pasada, en la Avenida 6ª con Calle 22, donde está el centro de detención transitorio con 200 sindicados, se presentó una situación de emergencia por el invierno que inundó esas instalaciones. “Ese es uno, de muchos ejemplos de la emergencia carcelaria que puede vivir Cali en cualquier momento lo que amerita acción inmediata porque lo sucedido en Tuluá no se puede repetir”, indicó Tamayo Ovalle.
