En la noche del 12 de junio de 2025, el concejal de Chiquinquirá Ronald Burgos, miembro del Partido Conservador, fue señalado por un ciudadano de haberlo agredido físicamente, al parecer bajo los efectos del alcohol. El hecho habría ocurrido en un establecimiento de la ciudad y, según versiones preliminares, el agredido sería un funcionario de la empresa Empochiquinquirá.
Comunicado
Ante la denuncia, en la mañana del 13 de junio, el concejal emitió un comunicado público en el que ofreció su versión de los acontecimientos. En el texto, Burgos aseguró que fue abordado de manera violenta por una persona a la que, según sus palabras, no conocía ni había tratado anteriormente. Afirmó que la situación escaló rápidamente a una confrontación física, y que actuó únicamente en defensa propia. También negó haber estado en estado de embriaguez durante el incidente.
“Lamento profundamente que este altercado haya ocurrido en un entorno que debería ser de respeto y colaboración. He cooperado plenamente con las autoridades y confío en que el proceso arroje claridad sobre lo sucedido”, expresó el cabildante en su pronunciamiento.
No obstante, versiones extraoficiales han comenzado a circular a través de redes sociales, donde se compartieron capturas de pantalla de una conversación en WhatsApp que pondría en duda parte de su relato. En dichas imágenes, se sugiere que el concejal sí mantenía algún tipo de vínculo previo con la persona a la que terminó agrediendo.
La situación ha generado controversia en la opinión pública local, tanto por la presunta conducta del funcionario como por las contradicciones entre su comunicado y la información que ha empezado a revelarse. Mientras tanto, las autoridades aún no se han pronunciado oficialmente sobre el inicio de una investigación disciplinaria.
La comunidad chiquinquireña espera claridad por parte de los entes competentes y exige que se respete el debido proceso. En medio del escándalo, se ha intensificado el debate sobre el comportamiento de los servidores públicos fuera de sus funciones oficiales y el impacto de sus acciones en la confianza ciudadana. Por ahora, se mantiene la expectativa sobre las decisiones que adopten los organismos de control frente al caso.
