El Consejo de Estado de Colombia emitió una nueva decisión para el municipio de Granada. A través del oficio número 2823 del 13 de noviembre de 2024, el alto tribunal notificó al Concejo Municipal de Granada sobre la pérdida de investidura de uno de sus miembros, el concejal Juan Camilo Molina Macías, del Partido Liberal. Este fallo, que se encuentra en estado de ejecutoria, implica que Molina Macías pierde su derecho a ejercer como concejal y deja una vacante en la corporación municipal. La decisión es el resultado de un proceso judicial liderado por el abogado Manuel Ricardo Rey Vélez, quien llevó adelante el caso ante el Consejo de Estado.
Proceso y sentencia
La sentencia que determinó la pérdida de investidura de Molina fue proferida por el Consejo de Estado el 27 de junio de 2024. Posteriormente, el fallo fue ratificado mediante un auto de aclaración emitido el 29 de agosto del mismo año, lo que dejó claro que no habría posibilidad de apelación o recurso adicional por parte del concejal afectado. Aunque los detalles exactos del caso no fueron revelados en la notificación, es posible que las razones incluyan posibles inhabilidades, incompatibilidades o faltas graves en el ejercicio de sus funciones, aspectos que son objeto de revisión rigurosa en procesos de esta índole.
Reemplazo
La salida de Juan Camilo Molina del Concejo Municipal genera automáticamente la necesidad de cubrir la vacante en la representación del Partido Liberal en la corporación. En este caso, será Asmed Riveros quien asumirá la posición dejada por Molina, al haber ocupado el tercer lugar en las elecciones pasadas por el Partido Liberal. Este proceso de sucesión está contemplado en la legislación electoral colombiana, la cual establece que el siguiente en la lista del mismo partido puede asumir el cargo en caso de vacancia definitiva, siempre y cuando cumpla con los requisitos legales para ejercerlo.
Impacto
La notificación de la pérdida de investidura de Juan Camilo Molina representa un evento significativo en la política local de Granada. La decisión del Consejo de Estado envía un mensaje claro sobre la importancia de la ética y el cumplimiento de las normas en el ejercicio de cargos públicos. Para la comunidad de Granada, esta medida puede interpretarse como una señal de que el sistema judicial actúa para garantizar que los funcionarios públicos respeten los principios de transparencia y responsabilidad en su labor.
