El Juzgado Cuarto Administrativo de Villavicencio remitió copias a la Fiscalía y a la Procuraduría para indagar al cabildante por presunta falsedad en documentos.
Redacción Extra
El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Villavicencio ordenó la compulsa de copias ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación contra el concejal de Acacías, Yan Carlos Chavarro Munevar, por los presuntos delitos de fraude procesal y falsedad en documento público.
Proceso
La decisión judicial se deriva del proceso de nulidad electoral que Chavarro Munevar promovió en contra de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Acacías. El cabildante alegaba vulneración de sus derechos políticos, al considerar que había sido afectado en su facultad de elegir y ser elegido.
No obstante, durante el trámite procesal, la representación jurídica del Concejo Municipal aportó pruebas que pusieron en entredicho la validez de los documentos presentados por el demandante. Según el expediente, una de las pruebas documentales que respaldaban la demanda resultó adulterada. Frente a esta situación, la Mesa Directiva solicitó formalmente al despacho judicial la compulsa de copias para que se investigara penal y disciplinariamente al concejal.
Juzgado
En atención a dicha solicitud, el Juzgado emitió el Auto No. J.4AV.2025.323, fechado el 28 de agosto de 2025, en el que ordena el envío de copias a los organismos de control competentes. La medida busca que la Fiscalía determine si existió la comisión de delitos y que la Procuraduría evalúe eventuales faltas disciplinarias.
El proceso, identificado con radicado 50001-33-33-004-2025-00035-00, corresponde al medio de control de nulidad electoral. Allí figuran como demandante Yan Carlos Chavarro Munevar y como demandados Juan Carlos Basto Morales, entre otros integrantes de la corporación municipal.
Este episodio marca un giro en el caso, pues el concejal pasó de ser denunciante a estar bajo investigación. Ahora corresponderá a la Fiscalía y a la Procuraduría establecer si la actuación del cabildante constituye una conducta punible y sancionable en el ámbito disciplinario.
El documento judicial, además, instruye que todas las actuaciones relacionadas con este proceso electoral se consulten a través del Sistema de Apoyo Judicial SAMAI y del Consejo de Estado, garantizando acceso público y transparencia en la gestión.