El cabildante de Pasto exigió al Gobierno nacional y a la Cancillería una respuesta inmediata y protocolos claros para garantizar los derechos de los connacionales repatriados.
En medio del creciente drama humanitario en la frontera colombo-ecuatoriana, el concejal de Pasto, Andrés Acosta, del partido Nuevo Liberalismo, alzó la voz para denunciar el abandono en el que fueron dejados más de 600 colombianos deportados desde Ecuador, quienes habrían llegado en condiciones precarias y sin atención estatal inmediata.
Durante una sesión del Concejo Municipal, el cabildante adelantó un debate de control político en el que criticó la ausencia de una respuesta articulada por parte del Gobierno nacional, especialmente por la falta de liderazgo diplomático ante la vacancia en la Cancillería de Colombia.
“No se trata de si estas personas tienen antecedentes penales o no. Se trata de seres humanos, ciudadanos colombianos, que fueron entregados en la frontera sin coordinación previa ni garantía de derechos básicos”, manifestó Acosta.
Llegaron sin apoyo ni coordinación oficial
Los deportados —en su mayoría personas que cumplían condenas o que se encontraban en situación migratoria irregular en Ecuador— fueron dejados en el sector conocido como La Fiestera, en inmediaciones del puente internacional de Rumichaca, sin recursos, sin alimentos y sin presencia oficial que gestionara su tránsito seguro.
La atención inicial fue posible gracias a la intervención de las autoridades locales de Ipiales y de organizaciones de la sociedad civil, quienes brindaron asistencia básica. Sin embargo, el concejal advirtió que esta situación no puede depender únicamente de la buena voluntad de las comunidades fronterizas.
Exigencia a la embajadora y al Gobierno nacional
En su intervención, Acosta hizo un llamado directo a la embajadora de Colombia en Ecuador, María Antonia Velasco, para que gestione ante las autoridades ecuatorianas un trato digno y seguro para los colombianos deportados.
“No podemos aceptar deportaciones masivas sin coordinación diplomática, sin plan de acogida y sin protocolos básicos. La embajadora debe actuar con firmeza y el Ministerio de Relaciones Exteriores debe designar cuanto antes a un canciller en propiedad”, señaló.
El concejal recalcó que la falta de dirección política está afectando la capacidad del país para responder a situaciones internacionales sensibles como esta, donde está en juego tanto la dignidad humana como la seguridad fronteriza.
Una postura que rompe el silencio
Hasta el momento, Andrés Acosta es el único funcionario electo que se ha pronunciado públicamente sobre esta crisis, abriendo un debate que —según dijo— ha sido ignorado por el alto Gobierno y por gran parte del espectro político nacional.
Con su intervención, busca que la problemática no quede en silencio y que se implementen medidas inmediatas para que ningún colombiano, independientemente de su situación judicial, sea recibido en condiciones indignas al regresar al país.
