Fueron liberados los nueve contratistas de la Gobernación del Cauca que permanecían secuestrados desde el pasado 17 de julio por disidencias de las FARC en el municipio de López de Micay, en la costa pacífica del departamento. El grupo armado ilegal los retuvo mientras cumplían labores institucionales en zona rural.
La liberación fue posible gracias a la intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Defensoría del Pueblo, entidades que lideraron un operativo humanitario con base en los principios de neutralidad, imparcialidad y confidencialidad. En las próximas horas, los liberados serán trasladados a la ciudad de Popayán, donde recibirán atención médica, apoyo psicosocial y se reencontrarán con sus familias.
Los funcionarios fueron identificados como Eivar Alonso Guerrero Anaya, Sergio Andrés López Gómez, Angélica María Barona, Leydi Rocío Guengue, Paola Andrea Maca Chávez, Mónica Alexandra Bambague, Manuela Caicedo Arango, María Elizabeth López y Elizabeth Yangana. Durante el cautiverio, las disidencias de las FARC-EP reconocieron la retención mediante un comunicado en el que aseguraban que los contratistas entregaban equipos tecnológicos al Ejército Nacional, como inhibidores de señal. Esta acusación fue desmentida por la Gobernación del Cauca, que aseguró que los funcionarios adelantaban actividades de carácter social y humanitario, en articulación con las Juntas de Acción Comunal de la zona.
Desde el momento del secuestro, la Gobernación rechazó de manera contundente lo ocurrido y exigió respeto por la vida y la integridad de sus trabajadores. La administración departamental reiteró que los contratistas cumplían una misión orientada a llevar programas del Estado a comunidades vulnerables y de difícil acceso. Este nuevo hecho de retención ilegal revive las alertas sobre los riesgos que enfrentan los servidores públicos y trabajadores humanitarios en regiones donde persisten estructuras armadas ilegales. Organizaciones defensoras de derechos humanos y autoridades han reiterado la necesidad de garantizar condiciones seguras para el trabajo institucional en zonas históricamente golpeadas por el conflicto armado.
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Eivar Alonso Guerrero Anaya, Sergio Andrés López Gómez, Angélica María Barona, Leydi Rocío Guengue, Paola Andrea Maca Chávez, Mónica Alexandra Bambague, Manuela Caicedo Arango, María Elizabeth López y Elizabeth Yangana, restacados.
