«Con tarifas más bajas desde 2026, el Caribe empieza a ver la luz: ¡Petro frena el saqueo eléctrico!»

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El Gobierno del presidente Gustavo Petro inició una ofensiva para reducir las tarifas de energía en la región Caribe, con la intervención de la empresa Air-e y la implementación de contratos que protegen a los usuarios de la especulación del mercado eléctrico. Estas medidas buscan garantizar precios justos y estables desde 2026, beneficiando a millones de usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira, que durante décadas han sufrido con recibos de luz excesivamente costosos.

La estrategia incluye la convocatoria pública de Air-e a todos los generadores y comercializadores del país, con el fin de firmar contratos a largo plazo que permitan estabilizar los precios de la energía. Según el Gobierno, esta medida representa un cambio estructural, pues por primera vez se busca blindar a la población del Caribe de los abusos de un sistema dominado por la especulación.

El presidente Petro denunció que los dueños de hidroeléctricas han intentado sabotear la nueva fórmula tarifaria aprobada por la CREG, apostando a que un próximo gobierno les devuelva el modelo anterior que calificó como “una fórmula estafadora”. A su vez, el ministro de Minas y Energía criticó la lógica que obliga a pagar el agua —un recurso hoy abundante— al precio de la planta térmica más costosa, lo que multiplica hasta por diez el valor en bolsa y transfiere miles de millones de pesos a un puñado de generadores.

La Superintendencia de Servicios Públicos, el Ministerio de Minas y la CREG respaldan estas medidas, que quedaron plasmadas en la Resolución 101-082 de 2025. El Gobierno asegura que no se trata de una intervención pasajera, sino de un punto de inflexión hacia un modelo más justo, sostenible y competitivo.

Los interesados en participar en la convocatoria de Air-e podrán consultar los pliegos oficiales y presentar sus propuestas hasta el 8 de octubre de 2025.

Más allá de lo técnico, el Gobierno subraya que el sistema eléctrico es un asunto político: no puede funcionar al servicio de unos pocos empresarios con poder de mercado, sino que debe responder al bienestar de la sociedad.

Con esta jugada, Petro afirma estar cumpliendo su promesa al Caribe: tarifas más justas, contratos blindados y energía confiable, marcando el inicio de un cambio estructural que empezará a sentirse a partir de 2026.


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