El Gobierno Nacional anunció la implementación de nuevas disposiciones para enfrentar la minería ilegal en Colombia, una actividad que ha causado graves daños ambientales, sociales y de seguridad en diversas regiones del país, especialmente en el Pacífico y la Amazonía. Estas medidas buscan combatir la explotación ilícita de minerales sin afectar a los pequeños mineros que se encuentran en procesos de formalización, promoviendo así un enfoque equilibrado entre la protección ambiental, la seguridad territorial y el respeto por las comunidades locales.
Las decisiones se tomaron tras atender los reclamos y solicitudes de la población del Chocó y otras zonas afectadas, donde la minería ilegal se ha consolidado como una de las principales amenazas para el orden público, la seguridad ciudadana y los ecosistemas naturales.
Entre las acciones más destacadas se encuentran la Circular 06 de 2025, emitida por el Ministerio de Defensa Nacional, y la Resolución 40141 de 2025, expedida por el Ministerio de Minas y Energía. Ambas normativas establecen mecanismos de coordinación institucional y estrategias de control para desmantelar las estructuras que financian y ejecutan la explotación ilícita, sin criminalizar a los mineros artesanales que buscan ingresar a la legalidad.
El Gobierno definió tres ejes prioritarios para el desarrollo de esta política:
- Proteger a los pequeños mineros que avanzan en procesos de formalización, garantizando que puedan continuar sus labores dentro de un marco legal.
- Fortalecer la seguridad en los territorios afectados, mediante operativos conjuntos entre las fuerzas armadas, la policía y las autoridades locales, con el fin de recuperar el control de las zonas tomadas por grupos ilegales.
- Defender los ríos y el medio ambiente, protegiendo los ecosistemas de la contaminación generada por el uso de mercurio, cianuro y otros químicos tóxicos, y evitando la destrucción de selvas, suelos y fuentes hídricas.
La minería ilegal ha sido identificada por el Estado como uno de los principales problemas estructurales del país, ya que financia grupos armados ilegales, alimenta economías criminales y perpetúa la violencia en los territorios. Además, sus impactos ambientales son devastadores: causa deforestación masiva, pérdida de biodiversidad, contaminación de los ríos y deterioro de la salud pública en comunidades que dependen de estos recursos para sobrevivir.
El Gobierno reafirmó su compromiso con la construcción de un modelo minero más justo y sostenible, que diferencie entre la minería ilegal y la minería artesanal, ofreciendo acompañamiento técnico y jurídico a quienes deseen formalizar su actividad. De igual forma, insistió en que la lucha contra la minería ilegal no debe centrarse únicamente en la represión, sino también en la inclusión social, la generación de oportunidades económicas y la protección de los derechos humanos de las comunidades rurales.
Con estas nuevas medidas, el país avanza hacia un modelo de desarrollo responsable y equilibrado, en el que la defensa del medio ambiente y el bienestar de las comunidades sean pilares fundamentales para combatir una de las problemáticas más graves y complejas que enfrenta Colombia en la actualidad.
