La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) desestimó el sometimiento de Edilberto Castro Rincón, exgobernador del Meta (2004-2007), condenado por homicidio agravado y otros delitos relacionados con corrupción y vínculos con las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Según el tribunal, Castro Rincón no entregó información suficiente sobre sus nexos con el grupo armado ilegal ni aportó elementos para esclarecer el patrón de macrocriminalidad investigado en el Caso 08, enfocado en las relaciones entre las AUC y agentes estatales no militares.
Proceso en la JEP
A través de su cuenta oficial en la red social X, la JEP explicó que el exgobernador no cumplió con los requisitos exigidos para acogerse a la justicia transicional. Entre las razones se encuentra la falta de contribución al esclarecimiento de los hechos y la omisión de detalles sobre las alianzas entre las AUC y funcionarios estatales durante su mandato.
Condena
Castro Rincón fue procesado y condenado por la Corte Suprema de Justicia a 40 años de prisión por homicidio agravado, concierto para delinquir, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. La sentencia se fundamentó en pruebas que lo vinculan con líderes del Bloque Centauros de las AUC, entre ellos alias “Don Mario” y alias “Miguel Arroyave”. Estas alianzas tenían como objetivo obtener beneficios electorales a cambio de concesiones económicas a la organización paramilitar mediante contratos irregulares con la Gobernación del Meta.
La relación entre el exgobernador y las AUC tuvo graves repercusiones. Entre los crímenes atribuidos a este contubernio están los asesinatos del exgobernador Carlos Javier Sabogal Mojica, el líder político Euser Rondón Vargas y la diputada Nubia Sánchez Romero. Según la justicia ordinaria, estas víctimas habían denunciado irregularidades asociadas a Castro Rincón, lo que derivó en procesos penales que culminaron en su condena.
El vínculo entre Castro Rincón y el Bloque Centauros fortaleció la influencia de esta facción paramilitar en el Meta. Según la JEP, esto permitió a las AUC consolidar control político en la región, intervenir en foros de paz y facilitar su posterior desmovilización, logrando incluso representación en el Congreso.
Aunque la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP ya había rechazado su sometimiento, la Sección de Apelación revocó esta decisión, ordenando solicitar a Castro Rincón un “Compromiso Claro, Concreto y Programado (CCCP)” que incluyera aportes a la verdad, planes de restauración y medidas de no repetición. Sin embargo, el exgobernador incumplió este requerimiento en tres ocasiones, lo que motivó a la JEP a ratificar la negativa a su sometimiento.
