Las comunidades campesinas del Cañón del Micay, en el suroccidente de Colombia, han denunciado lo que consideran un montaje militar y judicial en su contra. Según los habitantes, las recientes operaciones del Ejército y la Policía en la zona no solo afectan su cotidianidad, sino que además los señalan injustamente como colaboradores de grupos armados ilegales.
Los líderes comunitarios afirman que las acciones militares están deteriorando la seguridad y la economía local, ya que muchas de las familias dependen de cultivos tradicionales y de su trabajo en la tierra. Denuncian que estas operaciones se realizan sin un diálogo previo ni el consentimiento de las comunidades, generando temor y desplazamientos.
“Rechazamos cualquier tipo de acción que criminalice al campesinado y exigimos que se respete nuestra vida, nuestra labor y nuestro territorio”, declararon representantes de las juntas de acción comunal.
Las comunidades hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que priorice el diálogo social, garantice la presencia integral del Estado y respete los acuerdos de paz que buscan proteger a la población rural.
