Las comunidades del Cañón del Micay, una de las regiones más conflictivas del suroccidente colombiano, denunciaron lo que califican como un «montaje militar y judicial» por parte de las Fuerzas Armadas y la Fiscalía, tras recientes operativos en los que fueron capturados varios líderes campesinos bajo señalamientos de colaborar con grupos armados ilegales.
En un comunicado conjunto, organizaciones sociales, juntas de acción comunal y defensores de derechos humanos del territorio expresaron su rechazo a las acciones oficiales, que —según afirman— se estarían utilizando para intimidar y deslegitimar la lucha del campesinado por la permanencia en su territorio y el acceso a una vida digna.
“No somos guerrilleros ni narcotraficantes. Somos campesinos que hemos vivido en medio del abandono estatal. Hoy nos persiguen por exigir derechos”, manifestó una vocera de la Coordinadora de Comunidades del Micay.
Las denuncias señalan que las capturas se produjeron sin pruebas claras, y que algunas de las personas judicializadas han sido reconocidas como líderes de procesos de sustitución de cultivos ilícitos y defensa del territorio. También cuestionan el uso del poder militar para enviar un mensaje de fuerza en lugar de diálogo.
Por su parte, fuentes del Ejército han defendido las acciones como parte de su misión constitucional y aseguran que las operaciones están sustentadas en labores de inteligencia. La Fiscalía, hasta el momento, no ha emitido pronunciamiento oficial sobre las denuncias de montaje.
Entidades como la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales de verificación han sido alertados sobre la situación y se espera su intervención para garantizar el debido proceso y evitar la escalada de tensiones en la región.
El Cañón del Micay, ubicado entre los municipios de Argelia, El Tambo y López de Micay, ha sido históricamente una zona de disputa armada, abandono institucional y profundas luchas por el territorio.
