¡Indignación en Siachoque!
Protesta impide que maquinaria amarilla salga del municipio
El municipio de Siachoque, Boyacá, vivió una jornada de tensión este viernes cuando decenas de habitantes bloquearon las vías para impedir que una serie de máquinas y equipos, vendidos como chatarra por la alcaldía, fueran retirados del territorio. La venta de dos tractores, una retroexcavadora, una ambulancia, una volqueta y varios implementos agrícolas por un valor total de 15 millones de pesos generó indignación en la comunidad, que calificó la transacción como un “regalo” de bienes públicos.
Los manifestantes, entre ellos agricultores y líderes comunales, atravesaron vehículos y hasta una cosechadora en la carretera para evitar que los camiones y grúas contratados para llevarse la maquinaria lograran su cometido. Como resultado, las máquinas que habían comenzado a ser cargadas en los vehículos tuvieron que ser descargadas y las empresas transportadoras se retiraron sin cumplir su objetivo.
¿Venta legítima o proceso irregular?
El alcalde de Siachoque, Plinio Hernández, se ha defendido argumentando que simplemente está dando cumplimiento a un avalúo hecho por la administración anterior, en el que se determinó que las máquinas estaban en condiciones de chatarra. “Yo no fijé el precio, ese avalúo lo contrató el exalcalde y se definió que la maquinaria no tenía utilidad operativa”, aseguró el mandatario.
Sin embargo, la comunidad no comparte esta versión y sostiene que el proceso está lleno de irregularidades. Uno de los puntos que más molestia ha generado es que parte de la maquinaria que se pretende vender aún es funcional o, con pequeñas reparaciones, podría ser aprovechada en el municipio.
“Uno de los tractores que quieren vender tiene llantas casi nuevas, mientras que otro que sigue en operación lleva semanas esperando que le compren repuestos. Y ahora nos dicen que todo esto es chatarra”, denunció uno de los manifestantes.
Denuncias y posibles irregularidades
La polémica también se ha avivado debido a que, según los denunciantes, el avalúo de la maquinaria venció en noviembre del año pasado, ya que según el Decreto 1420 de 1998, las tasaciones oficiales solo tienen vigencia de un año. A pesar de esto, la administración municipal habría extendido el plazo a tres años para concretar la venta.
Ante estos señalamientos, el personero de Siachoque, Daniel Ignacio Agudelo Torrado, se pronunció asegurando que la Personería no participó en la venta y que apenas fueron notificados una hora antes del procedimiento. “No estamos validando nada. Nos llamaron a última hora, pero este proceso lo ha manejado la administración municipal sin nuestra intervención”, explicó Agudelo.
Desde el Concejo Municipal, algunos cabildantes han anunciado que solicitarán a la Procuraduría una investigación formal sobre el proceso de enajenación de la maquinaria.
La comunidad exige transparencia
Los habitantes de Siachoque han sido claros en su postura: no permitirán que la maquinaria sea retirada hasta que no se esclarezca la legalidad del proceso de venta. Además, piden a los entes de control que revisen si realmente las máquinas ya no tienen utilidad o si se pueden recuperar y seguir prestando servicio al municipio.
Este caso ha generado un intenso debate sobre la administración de los recursos públicos en los municipios y la forma en que se realizan las ventas de bienes estatales. Mientras la alcaldía insiste en que todo se ha hecho conforme a la ley, la comunidad sigue en pie de lucha, exigiendo explicaciones y transparencia en el manejo del patrimonio de Siachoque.
Conclusión: una comunidad vigilante frente a su patrimonio
El caso de Siachoque evidencia el poder de la ciudadanía cuando se organiza y exige respuestas a sus gobernantes. La venta de bienes públicos debe ser un proceso claro, transparente y debidamente justificado, especialmente cuando involucra recursos que aún podrían servir a la comunidad.
Mientras las autoridades competentes estudian el caso, la movilización de los habitantes logró frenar la salida de la maquinaria y dejó en evidencia la necesidad de mayor control en las decisiones administrativas. La pregunta que queda en el aire es: ¿Se trató de un procedimiento legal o de un intento de liquidar activos del municipio de forma irregular?
