El Bloque Occidental del Estado Mayor Central, disidencia de las Farc, reconoció este jueves 17 de julio que tiene en su poder a nueve funcionarios y contratistas de la Gobernación del Cauca, quienes fueron retenidos en zona rural del municipio de López de Micay mientras adelantaban labores institucionales.
Según el comunicado emitido por ese grupo armado ilegal, los hechos ocurrieron alrededor de las 4:00 p.m., cuando los servidores públicos realizaban actividades relacionadas con la entrega e instalación de equipos tecnológicos en la región. Los secuestrados fueron identificados como Eivar Alonso Guerrero Anaya, Sergio Andrés López Gómez, Angélica María Barona, Leydi Rocío Guengue, Paola Andrea Maca Chávez, Mónica Alexandra Bambague, Manuela Caicedo Arango, María Elizabeth López y Elizabeth Yangana.
De acuerdo con la versión del grupo armado, estas personas estarían ejecutando acciones enmarcadas en el Contrato de Compraventa No. 1948-2025 DC-SGP-CD-RESERVA-2025, adscrito al proyecto BPIN20250000002243. Este tiene un valor aproximado de 4.100 millones de pesos, financiado con recursos públicos del departamento y proyectado para los 42 municipios del Cauca.
El Estado Mayor Central sostiene que los funcionarios estarían instalando equipos con fines militares para el Ejército Nacional, lo que, según ellos, representa un acto de guerra. Alegan que los dispositivos estarían diseñados para inhibir señales móviles y afectar el funcionamiento de drones, lo que ya habría sido advertido por algunas comunidades locales debido a problemas de conectividad.
Además, acusan al gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, de haber destinado parte del presupuesto del contrato para la adquisición de dichos equipos, supuestamente con el propósito de facilitar operaciones militares en zonas donde opera la guerrilla. “Coloca a sus funcionarios como claros participantes de las hostilidades”, afirma el comunicado, en el que también se señala que se está revisando el contenido de los equipos decomisados y verificando la identidad de los capturados.
Aunque el grupo aseguró que los retenidos están bajo condiciones adecuadas, lanzó una advertencia directa a los alcaldes del departamento para que no involucren a civiles en actividades que, según ellos, corresponden a tareas militares. Por ahora, ni el gobernador Octavio Guzmán ni voceros de la Fuerza Pública han emitido declaraciones oficiales sobre esta grave situación que pone en riesgo la seguridad institucional y humanitaria en el Cauca.
