Metro Cali desvirtúa desinformación que circula en redes sociales, en la que se confunde el empréstito por 3,5 billones de pesos para el Distrito de Cali y el acuerdo conciliatorio, firmado por esta entidad y Blanco y Negro Masivo en julio pasado.
A continuación, nos referimos a cada una de las afirmaciones carentes de veracidad:
| “La aprobación del empréstito se hizo para firmar un otrosí con Blanco y Negro Masivo”. FALSO.
El acuerdo conciliatorio con el concesionario fue aprobado por el Tribunal de Arbitramento el 4 de julio de 2024, es decir, tres meses antes de que se presentara el proyecto de acuerdo al Concejo de Cali y cinco meses antes de que se aprobara, a principios de este mes de diciembre.
Lo que sí es CIERTO, es que el acuerdo conciliatorio con Blanco y Negro evitó un fallo contra Metro Cali por pretensiones del concesionario, superiores a $413.000 millones. Además, ese acuerdo resultó en un costo de suma cero para Metro Cali y para el Distrito. Si bien en el mes de julio, Metro Cali compró la cartera de $148.000 millones que tenía el concesionario con Bancolombia por tan solo $35.000 millones, le redujo el valor de la remuneración a Blanco y Negro Masivo en un 13%, con lo que se garantiza recuperar los $35.000 millones, más intereses.
El acuerdo conciliatorio fue avalado tanto por la Procuraduría General de la Nación como, de forma unánime, por los tres árbitros del tribunal de arbitramento que, en este caso, hacen las veces de jueces de la República.
| “Es mentira que la flota va a ser de los caleños”. FALSO.
La nueva flota eléctrica del MIO será de los caleños y de propiedad 100% pública. En lo que a Metro Cali corresponde, el dinero del empréstito se usará para la compra de esa flota y la adecuación de los patios con el sistema para poder cargar los buses eléctricos.
Con esto vamos a recuperar el control sobre la propiedad de los buses, que son un activo estratégico para la ciudad (la flota del MIO), y evitar que vuelva a ocurrir lo que vivió Cali cuando Unimetro entró en proceso de liquidación y la flota propiedad de este concesionario quedó oxidándose en el patio, sin posibilidad de ser utilizada para movilizar a los caleños.
| “La flota podría ser titulada y entregada en propiedad de un tercero”. FALSO.
La posesión de un bien, en este caso los buses del MIO, nunca puede ser indeterminada y, conforme con las leyes vigentes del presupuesto público, es imposible adquirir con recursos públicos una flota y ponerla a nombre de un privado.
La nueva flota del MIO se adquiere con recursos públicos y, por ende, será propiedad 100% pública. En el acuerdo se planteó la posibilidad de poner la flota a nombre de Metro Cali, otra entidad del Distrito o de un Patrimonio Autónomo, en el que el beneficiario sea el Distrito, pero en ningún caso a nombre de un privado.
| “El alcalde le está entregando la plata de los caleños a unos privados, permitiendo al concesionario que escoja los buses que después va a operar”. FALSO.
La definición de las especificaciones técnicas de los buses, las condiciones de las garantías y el rango de precios, entre otras condiciones, son decisiones de Metro Cali, en su calidad de ente gestor del sistema masivo y conforme con las estipulaciones contractuales vigentes entre las partes.
Y dentro de esas definiciones, el ente gestor escoge la mejor opción para el sistema, teniendo en cuenta las consideraciones de los concesionarios de operación, para poder transferirles el riesgo de la disponibilidad y confiabilidad de la flota y aplicarles los descuentos por las fallas en la prestación del servicio.
| “Metro Cali reconoce que el concesionario incumplió y lo libera de la obligación de renovar la flota”. FALSO.
Con la suscripción del acuerdo conciliatorio, Metro Cali evitó un fallo contra Metro Cali por pretensiones de $413.000 millones. Entre los puntos acordados, el ente gestor del MIO se propuso asumir la compra de una nueva flota eléctrica, para recuperar el control del activo estratégico de la ciudad y reducir entre un 20% y 24% el valor que se paga al concesionario por kilómetro recorrido, es decir, cumplir con una de las principales metas de esta Administración: reducir el diferencial tarifario y minimizar la necesidad de ingresos corrientes de libre destinación para cubrir este diferencial.
