En un comunicado emitido el 22 de noviembre de 2025, el Ministerio de Defensa de Colombia negó rotundamente que existan elementos que prueben actos de corrupción en la compra de 17 aviones de combate Gripen E/F a la empresa sueca Saab, un contrato valorado en 16 billones de pesos.
Origen de la polémica
La controversia surgió después de que varios sectores políticos y figuras públicas cuestionaran el proceso de adquisición, alegando posibles sobrecostos o irregularidades similares a los escándalos pasados en contratos del Estado. En particular, se ha hecho eco el caso de los «carrotanques» para La Guajira, lo que ha reavivado el debate sobre transparencia en contratos millonarios. Además, el Instituto Anticorrupción ha pedido investigar un posible soborno transnacional en esta operación.
Respuesta del Ministerio
Frente a estos señalamientos, la cartera de Defensa emitió una declaración oficial en su cuenta de X, donde afirma que no hay evidencia de delito alguno en la negociación con Saab. Según el Ministerio:
- La adquisición incluyó no solo los aviones, sino también entrenamiento, soporte logístico, armamento, repuestos y todos los requerimientos para su operación a largo plazo.
- Se realizó con “absoluta responsabilidad y transparencia”.
- El proceso de evaluación duró más de diez años, con la participación de equipos técnicos especializados de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), que analizaron aspectos operativos, logísticos, de simulación, infraestructura, armamento, comercio exterior, entre otros.
- Se involucró un comité intersectorial: el Comité Intersectorial de Proyectos Estratégicos, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación.
- No hubo intermediarios en las negociaciones con Saab, según el Ministerio.
- Gracias a la negociación, se logró un descuento del 9 % respecto a la oferta inicial de Saab.
- El contrato también incluye programas de compensación (“offset”) social, ambiental e industrial, lo que significa que Saab se compromete a invertir en proyectos dentro de Colombia: desarrollo económico, transferencia tecnológica, y otros beneficios que, según el Ministerio, «beneficiarán directamente al país».
- Además, el Ministerio señala que no es válido comparar directamente este contrato con compras similares de otros países, pues cada negociación tiene condiciones, contexto y cláusulas diferentes.
- El acuerdo recibió el respaldo del Gobierno de Suecia, de acuerdo con el Ministerio.
Apoyo presidencial
El propio presidente Gustavo Petro ha salido en defensa del contrato. En su cuenta de X, dijo que muchas críticas “desconocen el contrato” y que la negociación fue rigurosa, incluyendo transferencia tecnológica, mantenimiento y repuestos. Petro también argumentó que gracias a los Gripen Colombia moderniza su fuerza aérea de manera más inteligente que si hubiera optado por otros aviones como los F-16 usados o los Rafale franceses.
Control y supervisión
A pesar del rechazo ministerial a las acusaciones, la Contraloría de Colombia ha solicitado al Ministerio de Defensa que entregue la documentación completa del proceso: expediente contractual, estudios precontractuales, soportes técnicos, legales y financieros. Asimismo, algunos congresistas han anunciado la posibilidad de un debate de control político para interrogar al Ministro de Defensa sobre los detalles del contrato.
Importancia estratégica
El Ministerio defiende que esta compra no es un gasto ostentoso, sino una inversión estratégica: los 17 Gripen E/F mejorarán la capacidad de la FAC para proteger territorio, soberanía y responder a amenazas modernas. Además, los proyectos de compensación vinculados al acuerdo podrían generar desarrollo industrial y social en el país, algo que el Gobierno ha destacado como un plus significativo de la negociación.
Análisis
- Contexto previo: La decisión de comprar los Gripen no fue repentina: según el Ministerio, se trató de un proceso de más de una década. Esto sugiere que hubo un análisis muy profundo, con equipos técnicos y varios entes gubernamentales involucrados.
- Riesgos reputacionales: Aunque el Ministerio asegura transparencia, las acusaciones de corrupción y las solicitudes de investigación reflejan una desconfianza política significativa. En un país con antecedentes de escándalos de contratación pública, estas preocupaciones tienen peso real.
- Beneficios potenciales: Más allá del componente militar, los proyectos de compensación podrían dejar beneficios tangibles para Colombia en desarrollo tecnológico, económico y social.
- Desafíos operacionales: Tener 17 aviones de última generación es un gran avance, pero implica también compromisos costosos para mantenimiento, entrenamiento y operación durante décadas. El éxito no solo dependerá del contrato inicial, sino de la capacidad institucional para sostener esta nueva flota.
- Supervisión: El papel de la Contraloría y del Congreso será clave para que la ciudadanía tenga visibilidad sobre las cláusulas del contrato y para disipar cualquier duda.
Datos clave
- Fecha del contrato: 14 de noviembre de 2025.
- Número de aviones: 17 Gripen E/F.
- Valor del contrato: 16 billones de pesos.
- Plazo de entrega estimado: entre 2026 y 2032 según fuentes periodísticas. i
- Entidades que participaron en la evaluación: FAC, Ministerio de Hacienda, Departamento Nacional de Planeación, etc.
- Descuento negociado: 9 % sobre la oferta inicial.
- Compensaciones (“offset”) incluidas: proyectos sociales, ambientales e industriales.
- Solicitudes de investigación: por posible soborno transnacional ante autoridades suecas.
- Control político: debate anunciado en la Cámara de Representantes.
Conclusión
El Ministerio de Defensa insiste en que la compra de los 17 aviones Gripen a Saab fue realizada bajo criterios técnicos, con transparencia y sin intermediarios corruptos. Resalta que se trató de un proceso amplio, con análisis multidisciplinarios y con respaldo institucional de varias entidades del Estado. Aun así, los cuestionamientos persisten: hay demandas de investigación por posible soborno, un control político emergente y una solicitud formal de la Contraloría para que se revelen todos los documentos del contrato.
El debate es más que militar: toca temas de rendición de cuentas, ética en la contratación pública y el papel de grandes inversiones estratégicas en el desarrollo nacional.
