Héctor Canal, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en Tolima, participó recientemente en el Comité de Justicia Transicional realizado en el municipio de Planadas, en el corazón de la región PDET.
Durante la reunión, se socializaron las condiciones de seguridad que permiten el ingreso al territorio para avanzar en los procesos de restitución de tierras, así como las estrategias para profundizar la reparación integral a las víctimas del conflicto armado en este municipio.
Uno de los principales temas que se abordaron fue el de la implementación del esquema de Seguridad Humana, que garantizará la protección de las comunidades y actores involucrados en los procesos de restablecimiento de derechos territoriales. Además, se aprobó el plan de trabajo 2025 para las víctimas de despojo y/o abandono forzado, con el objetivo de dar continuidad a las 156 solicitudes de restitución que se encuentran activas en Planadas.
Así mismo, Héctor Canal propuso, durante su intervención, la creación de nuevos espacios de socialización en el municipio. Esta propuesta busca facilitar la comprensión del proceso, aclarar inquietudes sobre los casos que cursan actualmente en los juzgados de restitución de tierras y proporcionar información sobre aquellos que ya han recibido sentencia favorable.
En este sentido, también se definieron nuevas rutas de trabajo articuladas entre la URT Tolima y las entidades territoriales de Planadas, con el propósito de avanzar en la reparación integral de las víctimas del conflicto armado, en un esfuerzo conjunto para fortalecer la presencia estatal y garantizar la efectividad de los derechos a la verdad y la justicia.
En el comité participaron diversos actores clave de la región, como la Mesa de Víctimas, la Personería Municipal, el alcalde municipal, la UARIV, el SENA, el ICBF, la Fuerza Pública, los secretarios de Despacho Municipal y el enlace de Víctimas, que manifestaron su compromiso con el proceso de restitución de tierras.
Este encuentro refleja la firme labor del Gobierno Nacional y las autoridades locales para avanzar articuladamente en la implementación de la política de restablecimiento de derechos territoriales, contribuyendo a la construcción de paz en las comunidades afectadas por el conflicto armado.
