Desde el 8 de noviembre entra en vigor la Ley de Garantías Electorales, una normativa clave que limita la contratación y la participación de los funcionarios públicos durante el periodo previo a las elecciones. Su propósito es impedir que los recursos del Estado sean utilizados con fines proselitistas o para favorecer candidaturas específicas. A partir de esta fecha, las entidades gubernamentales no podrán celebrar convenios interadministrativos ni inaugurar obras con presencia de candidatos, lo que busca garantizar la transparencia y la equidad en el proceso electoral.
Estas restricciones, sin embargo, también generan preocupación entre alcaldes y gobernadores, quienes advierten que la medida podría frenar la ejecución de proyectos esenciales en sus territorios. Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de cumplir la norma para blindar la democracia, algunos sectores piden revisar los alcances de la ley para evitar que su aplicación afecte la gestión pública. Lo cierto es que, con el inicio del periodo de restricciones, el país entra en una etapa de vigilancia especial sobre el uso de los recursos estatales y el actuar de los servidores públicos.
