En un hecho calificado como histórico, inició el proceso de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en el resguardo indígena India Zabaleta, en el municipio de Tumaco. Esta decisión representa un paso significativo hacia la erradicación de prácticas asociadas con la violencia y el conflicto armado que por décadas han golpeado a esta región del Pacífico colombiano.
El inicio de este proceso fue posible gracias al más reciente encuentro en los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, donde se firmó un acuerdo clave que da vía libre a un proyecto piloto de sustitución de cultivos ilícitos. Este acuerdo contempla la erradicación progresiva de 15 mil hectáreas, de las cuales ya se ha comenzado con las primeras 5 mil en el territorio de India Zabaleta.
Legalidad
El proyecto es visto con esperanza por parte de las comunidades, quienes ven en él una oportunidad para reconstruir sus territorios desde la legalidad, la dignidad y el arraigo cultural. Sin embargo, la desconfianza también está presente. Muchos campesinos han expresado sus temores ante posibles incumplimientos por parte del Gobierno Nacional, como ha ocurrido en ocasiones anteriores.
José Cuarán, agricultor del resguardo, expresó su preocupación: “Un campesino en una ciudad no hace nada, ese es el temor del pueblo campesino, salirse del campo porque nosotros allá qué hacemos si el gobierno no nos cumple”.
Las comunidades indígenas insisten en que el éxito del proceso dependerá en gran medida del cumplimiento de los compromisos por parte del Estado. Requieren garantías reales: proyectos productivos sostenibles, infraestructura rural, vías de acceso, educación y salud.
Violencia
Si bien la sustitución de cultivos ilícitos es un paso fundamental para reducir la violencia en estos territorios, los líderes sociales piden que no se les deje solos en este camino. Señalan que durante años han sido olvidados, y que ahora que deciden apostar por la legalidad, necesitan el respaldo total del Estado.
El proceso también se ha extendido a otros municipios del Triángulo del Telembí, donde los campesinos han reiterado su voluntad de dejar atrás los cultivos ilícitos y reemplazarlos por actividades agrícolas lícitas que les permitan llevar el sustento a sus hogares de manera digna.
Las comunidades aseguran tener la disposición y el conocimiento ancestral necesario para transformar su economía, pero reiteran que, sin acompañamiento técnico y financiero, será muy difícil consolidar los avances. La mayoría de las familias depende directamente de los cultivos ilícitos para sobrevivir, por lo que la transición debe ser gradual, justa y acompañada.
